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El juzgado archiva el caso Ceder a los 13 años al considerarlo prescrito

La titular del juzgado 3 de Alcoy liquida el proceso por una supuesta malversación de un millón de euros entre 1993 y 1995

Reunión de la comisión de investigación del Ceder en la Diputación de Alicante. Pilar Cortés

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy ha decretado con el apoyo de un informe favorable de la Fiscalía el archivo del conocido como caso Ceder, que investigaba la supuesta malversación de 1 millón de euros de fondos europeos entre 1993 y 1995, al entender que los hechos han prescrito, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al proceso. La investigación judicial se había puesto en marcha a finales de 2002, tras la presentación de una denuncia por parte de la Diputación, por Julio de España y Miguel Peralta, presidente y vicepresidente primero, respectivamente.

Este complejo asunto ha mantenido imputados todos estos años a los principales dirigentes del Ceder, que eran el exalcalde de Cocentaina José Marset, presidente; Marcos Llorens, gerente y Jaume Pascual -actual alcalde de l'Alqueria- secretario, una calificación que ha finalizado con el auto publicado por la juez, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario. Todavía se podría elevar un recurso ante la Audiencia Provincial, pero fuentes conocedoras del caso serñalan que la «contundencia» del informe de la Fiscalía que justifica la prescripción, hace poco probable que prosperase.

Los hechos se remontan al período 1993-1995 en el que el Ceder gestionó las ayudas de la Comunidad Europea (CE) del denominado Plan Leader, encaminadas a incentivar el desarrollo rural. Tras la conclusión del programa, cuando la UE analizó la documentación aportada, descubrió que faltaba por justificar gastos por importe de un millón de euros, por lo que reclamó al Ceder la devolución del dinero.

Marset, Llorens y Jaume Pascual, que eran los máximos responsables, plantearon un recurso ante la Audiencia Nacional, justificando al detalle el destino y utilización de las candidades cuestionadas, pero en 2001 emitió una sentencia desestimatoria. En concreto, la sala de lo Contencioso-Adminstrativo basó su rechazo al recurso en un informe de la Intervención de Hacienda, que detectó un incumplimiento de los plazos en muchas de las ayudas distribuidas, por lo que consideraba que la cantidad afectada (que, en realidad, era de 170 millones de las antiguas pesetas) debía devolverse al Ministerio de Agricultura, que actuaba como intermediario de la UE.

Esta resolución judicial llegó cuando el Ceder ya se había disuelto y, además, carecía de fondos para presentar un nuevo recurso. El fallo judicial obligó a ejecutar los avales, por lo que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la Diputación y el Banco de Alicante tuvieron que hacer frente solidariamente al desembolso del millón de euros, que en el segundo caso ya haría efectivo el BBVA.

La difusión de la sentencia de la Audiencia Nacional y de la obligación de pago de los avales causó una tormenta política a lo largo de 2002, al coincidir que todos los responsables del Ceder eran socialistas y las administraciones, Diputación y Generalitat, del PP. El presidente Eduardo Zaplana llegó a preguntar al secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla por las «irregularidades» cometidas.

El punto culminante llegó en septiembre de 2002 con la presentación de una denuncia judicial por parte de la Diputación, que acabó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy, tramitándose una causa penal por malversación de caudales públicos y falsedad documental. Su actual titular, ahora, la ha archivado, al entender que los hechos objeto del procedimiento han prescrito.

Buena parte de esta dilación en la tramitación, según han explicado las fuentes consultadas, estriba en que la Diputación presentó la denuncia pero luego no se personó en el proceso. Este hecho, unido a la habitual saturación de los juzgados y a la itinerancia de los jueces, retrasó el procedimiento. En 2010 se registró una reactivación después de que el juzgado consiguiera toda la documentacion del Ceder, que estaba depositada en el Ayuntamiento de Cocentaina, y nombrara un perito para analizarla.

Trascurridos cinco años, la decision definitiva es el archivo por prescripción, avalado por la Fiscalía, lo que salvo recursos será definitivo y pondrá fin a esta compleja historia.

Mientras Zaplana, De España y Miguel Peralta vincularon directamente este asunto con los «escándalos» de la era socialista en España, los responsables del Ceder Marset, Llorens y Pascual no dudaron en calificar la denuncia de «montaje» por intereses «exclusivamente políticos» del PP. De hecho, defendieron las actuaciones realizadas e indicaron que todas las obras señaladas se ejecutaron. También hicieron hincapié en que la comisión de seguimiento de la Diputación respaldó la gestión del Ceder, aprobándola incluso el representante del PP (que, por cierto, era el diputado y exalcalde de Banyeres José Barceló, ya fallecido).

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