La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcoy ha archivado la denuncia del sindicato SIPOL contra el alcalde Antonio Francés, la concejal Lorena Zamorano, el ahora exedil Natxo Gómez y un técnico municipal, al considerar que no han cometido acto alguno que sea constitutivo de delito, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso. La medida supone la retirada de la imputación que pesaba sobre los cuatro, que estaban acusados de prevaricación administrativa.
La denuncia de SIPOL, admitida a trámite en junio, se fundamentaba en que el gobierno del PSOE de Alcoy, con el apoyo de un técnico, discriminó a los afiliados a este sindicato en la apertura o no de expedientes administrativos, con respecto a otros miembros de la plantilla de la Policía Local. De hecho, se hablaba de «persecución» a sus componentes.
El juzgado admitió la denuncia y los imputados descartaron de forma rotunda los hechos de que se les acusaba, algo que trasladaron al tribunal en forma de expedientes y documentación municipal y de sus declaraciones, materializadas a finales de septiembre. Asimismo, vincularon la iniciativa de SIPOL con el conflicto interno que se vive en el seno de la Policía Local.
Ahora, según pudo confirmar ayer tarde este diario, la jueza ha dictado el archivo («sobreseimiento provisional») de la denuncia, una vez estudiada la documentación y las declaraciones. Esta decisión implica el archivo de la causa -medida contra la que puede presentarse recurso en el plazo de tres días- y la retirada automática de las imputaciones que pesaban.
A la hora de justificar la resolución, la jueza sostiene que ninguno de los encausados ha cometido acto alguno que sea constitutivo de delito. Además, realiza una mención especial para el exedil Natxo Gómez, señalando que no había intervenido en ninguno de los expedientes que se habían señalado, por lo que carece de relación con el procedimiento.
Con respecto al alcalde de Alcoy, apunta que sus resoluciones no fueron arbitrarias ni se ha acreditado que se hayan materializado con mala intención; algunas fueron de trámite y otras están justificadas jurídicamente, resaltan las fuentes consultadas por este diario.
Como se trata de unas Diligencias Previas, el único recurso que puede formularse es de reforma ante el mismo juzgado, lo que implicaría que tendría que resolverlo la misma juez y luego podría trasladarse a la Audiencia.
Hace unas dos semanas, por otro lado, el sindicato SIPOL presentó un escrito en el que solicitaba la ampliación de la denuncia y la imputación de Jordi Martínez, que fue concejal de Seguridad Ciudadana, al considerarlo también responsable de hechos que podrían ser constitutivos de delitos o faltas de seguridad ciudadana. La jueza ha desestimado la demanda.
El alcalde descartó ayer tarde valorar la resolución, alegando que la notificación no había sido materializada y que, en consecuencia, desconocía su contenido preciso. No obstante, recordó que desde un primer momento confiaba en este resultado una vez la jueza hubiese tenido acceso a toda la información, como así ha ocurrido.
