Jorge Sedano y Miguel Peralta decidieron, hace diez años, acometer la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Alcoy, que se ubicaría en el histórico edificio de la plaza de la Mare de Déu, que sería rehabilitado y acondicionado. La decisión fue contestada por los trabajadores de los juzgados que, en gran medida, rechazaron la iniciativa, amparándose en la «falta de seguridad» en el casco antiguo de la ciudad.
Transcurrida una década, la consellera Gabriela Bravo ponía sobre la mesa este lunes la necesidad de elaborar un «estudio urgente» para determinar si se rehabilita el edificio actual de Al-Azraq o se traslada el Palacio de Justicia al nuevo de Mare de Déu, en lo que supuso, como se informó ayer, un giro a los acontecimientos, ya que el cambio de ubicación parecía asegurado.
La visita de la titular de la conselleria al nuevo complejo sirvió, de cualquier manera, para corroborar que han pasado diez años, pero que parte del personal de los juzgados no está por la labor, al menos por el momento, de cambiar de aires. Durante el recorrido hubo opiniones en contra, amparándose en la falta de seguridad, y también a favor, señalando que se trata de un edificio nuevo que, además, ha sido hecho con tal finalidad.
«Efectivamente hay personal que quiere trasladarse y personal que no quiere hacerlo», subrayaba ayer Juan Pedro Pelegrín, de UGT, para a continuación significar que «los edificios públicos también tienen el objetivo de incidir en su entorno», en referencia a que un cambio de sede podría mejorar la situación de la seguridad en la zona.
Pelegrín, asimismo, mostró su sorpresa ante las afirmaciones de la consellera en el sentido de que se va a estudiar si se plantea una rehabilitación del actual edificio o si, por el contrario, se formaliza el traslado al nuevo, que no es de la Generalitat y se tendría que alquilar. Para el delegado sindical no puede perderse de vista que «hace ya tres años la Inspección de Trabajo decretó el cierre del edificio de Al-Azraq» por falta de seguridad, una medida que no se ha materializado. En su opinión, la conselleria tendría que poner los medios para la solución -«inversiones»-, que debería pasar por el traslado al nuevo edificio.
De hecho, la situación del actual Palacio de Justicia es crítica, toda vez que a la resolución de la Inspección de Trabajo se suma la inestabilidad de la Fiscalía, cuyo anterior titular, Eduardo Torres-Dulce, amenazó con un traslado del Destacamento de Alcoy a Alicante si no se soluciona la situación. Para acceder a la Fiscalía, como reconoció la propia consellera, hay que subir dos pisos, lo que impide hacerlo a discapacitados o mayores. Rehabilitar este inmueble cuesta 1 millón de euros, según un informe del Consell.
