Todavía no hay decisión definitiva para el Palacio de Justicia de Alcoy. La consellera responsable, Gabriela Bravo, anunció ayer el encargo de un informe al servicio de intraestructuras de su departamento, con el fin de determinar si, con la máxima urgencia, se repara y amplía el actual o se traslada al nuevo, construido por el Ayuntamiento, en la plaza Al-Azraq. «Hay que buscar la solución más favorable», dijo, a la vez que destacó las condiciones «inaceptables» del complejo actual.
La consellera Bravo recorrió las dependencias del Palacio de Justicia y, posteriormente, las del nuevo complejo de la plaza de la Mare de Déu, en compañía del alcalde Antonio Francés y la concejal Lorena Zamorano; las juezas del Partido Judicial y el decano del Colegio de Abogados Juan José Tortajada, entre otros. Entre uno y otro periplo, explicó que «hay que tomar una decisión sobre las instalaciones, que son inadmisibles», en referencia al recinto operativo en la actualidad. «El edificio no guarda las mínimas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y no entiendo cómo pueden haber demorado tanto la solución, porque en 2009 ya estuve aquí» y pudo comprobar su estado. «Es lamentable», reiteró.
También subrayó que es difícil trabajar en tales condiciones y atender a la ciudadanía. «Ni siquiera hay una sala para poder atender a la víctima separada del agresor, evitando el contacto; ni hay acceso para discapacitados en la Fiscalía y el archivo es inaceptable», argumentó.
Por ello, señaló que se ha de tomar una «decisión» que «siempre será en beneficio» de la justicia en la ciudad. «Tenemos alternativas», en referencia a que se puede «arreglar y ampliar el edificio actual» o contemplar el traslado a la nueva sede, que no es de la Generalitat «y se tendría que pagar el alquiler».
Por ello, anuncia el encargo de un informe al servicio de Infraestructuras, con carácter «prioritario» para buscar la solución. «Tendrán que venir y valorar el edificio y escoger la solución más favorable», manifestó.
El alcalde Francés, pese a esto. expresó su confianza en que «se tome rápido una decisión y que sea el traslado al nuevo edificio». De hecho, el Ayuntamiento llegó a un principio de acuerdo con el anterior Consell para ceder el inmueble a cambio de un alquiler de 30.000 euros al año, hasta que se pueda compensar la inversión de 3,5 millones que hizo el gobierno del PP de Jorge Sedano.
Tras la jornada, el alcalde subrayó que «la consellera se ha mostrado impresionada por el deterioro del edificio y a muy corto plazo nos reuniremos» para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
De momento, pues, el proceso queda a la espera de que esté listo el informe de infraestructuras de Justicia, del que dependerá la decisión definitiva.
