La Generalitat Valenciana ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia que la condena a indemnizar con dos millones de euros al Ayuntamiento de Ibi por la construcción del Palacio de Justicia, emitida recientemente por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Abogacía de la Generalitat alega en su escrito que jamás se llegó a concretar la adenda que establecía el plan de pagos, lo que invalida, a su juicio, el citado fallo y da motivo para el recurso, según ha podido saber este diario.
La decisión de la Generalitat ha causado bastante malestar en el gobierno municipal del PP de Ibi. «Tenemos una sentencia favorable que impone unas condiciones que para el Ayuntamiento son favorables. Ahora nos queda esperar el recurso, lo que, como mínimo, supondrá un retraso a la hora de recuperar la inversión que hicimos», subraya la teniente de alcalde Amparo Pina.
El Palacio de Justicia de Ibi aporta material para un buen volumen, de la misma manera que ocurre con el de Alcoy. El proyecto fue impulsado por el gobierno local del PP de Mayte Parra y el de la Generalitat de Francisco Camps: el Ayuntamiento adelantaba la inversión y el Consell la reintegraba, para lo cual se firmó un convenio. Sin embargo, el acuerdo no incluía fecha para iniciar el reintegro, lo que ha sido la base de todos los problemas. Al final, el gobierno de Rafael Serralta optó por denunciar al Consell ante los tribunales para recuperar su inversión.
A finales de septiembre, como adelantó este diario, el TSJ falló en favor del Ayuntamiento, obligando al reintegro de los dos millones, en un plan de pagos con ocho anualidades, incluyendo los intereses generados. También condenaba al pago de las costas procesales, todo ello porque dio validez a la adenda del convenio suscrito en 2012, que carecía de fecha de arranque de la formalización de las compensaciones.
Abogacía de la Generalitat lo ve de otra forma, toda vez que ha optado por recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, sobre la base de que, en su opinión, el fallo del TSJ infringe la ley porque las cláusulas del convenio no eran de obligado cumplimiento al no haberse suscrito la adenda, según ha podido saber este diario. Por ello, el organismo jurídico del Consell entiende que no existía obligación de abono alguna y, en consecuencia, que no se ha incumplido acuerdo alguno. Por ello, insta al Supremo a revocar la resolución del TSJ.
Amparo Pina insiste en que al margen del resultado final «esto tardará mucho tiempo», lo que contribuye a impedir que el Ayuntamiento recupere su inversión. «Lo que está claro es que no es lo mismo predicar que repartir trigo, ya que antes Compromís y PSOE se ponían las manos a la cabeza porque no se cobraba y ahora recurren la sentencia», argumenta.
Por último, lamenta esta decisión «cuando la sentencia es benévola, ya que establece un plan progresivo de pagos. Lo cierto es que estaban obligados por la adenda y al final lo único que se pretendía era cobrar como se había negociado», concluyó. El Ayuntamiento, evidentemente, comparecerá en el proceso ante el Supremo para la defensa de los intereses municipales.
