El Ayuntamiento de Cocentaina ha decidido llevar ante la Fiscalía a su auxiliar de caja por la presunta sustracción de fondos municipales. La alcaldesa, además, ha suspendido de empleo al funcionario, al mismo tiempo que se investiga el alcance de lo sucedido.

La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, y el concejal de Hacienda, Marcos Castelló, comparecieron en la tarde de ayer ante los medios de comunicación para informar de la presunta sustracción de fondos municipales por parte del auxiliar de caja.

Según informó el edil, los hechos fueron detectados el pasado seis de octubre, «cuando por parte del departamento de Tesorería se nos informó de ciertas irregularidades contables, las cuales, presuntamente, habría cometido este auxiliar». Ante esta situación, se procedió a suspenderle de empleo y a retirarle las claves para acceder al sistema informático del Ayuntamiento. De forma paralela, además, se abría un expediente para investigar el alcance de lo sucedido.

También, y a la luz de los indicios, por medio de un decreto de la Alcaldía se ha decidido llevar al funcionario ante la Fiscalía, para que se sume a las investigaciones y se depuren, si procede, las responsabilidades.

Castelló informaba que el dinero sustraído ha sido en metálico, y que de momento no se ha concretado la cuantía. El funcionario en cuestión lleva alrededor de 30 años trabajando en el Ayuntamiento, pero se desconoce a cuándo se remontan las presuntas irregularidades. El edil, de igual forma, ha resaltado que él era el único que controlaba la caja.

La alcaldesa justificó la rueda de Prensa de ayer sobre la base de «la transparencia que siempre ha distinguido a los equipos de gobierno de este Ayuntamiento. Los administradores deben ser transparentes y tratar a los ciudadanos como adultos». Tras agradecer al departamento de Tesorería que haya alertado de la situación, reconoció que «estamos ante una noticia muy triste, y sólo esperamos que lo sucedido se resuelva cuanto antes».

Este incidente recuerda al del extesorero del Ayuntamiento de Muro, que desvió fondos públicos en este caso a cuentas particulares y por el que finalmente aceptaba una pena de dos años de cárcel. Con todo, eludía el ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales.