El Consejo de Ministros ha ratificado para 2018 la puesta en servicio de la subestación eléctrica de Castalla, lo que implica una demora de dos años con respecto a lo acordado en 2012 y se debe a que no ha sido incluida entre las más urgentes, según recoge la propia resolución del Gobierno central. Tanto los empresarios, especialmente los de IBIAE, como la directora general de Industria de la Generalitat, Julia Company, han reclamado que se ponga en servicio cuanto antes por los perjuicios que está generando la falta de potencia eléctrica en la Foia.
La subestación fue autorizada el 18 de enero de 2012, pero se vio afectada por un «recorte» que aprobó el ejecutivo de Rajoy, que aplazó las inversiones. No obstante, las presiones, sobre todo de los empresarios, propiciaron que se reprogramara para 2016. Sin embargo, como adelantó este diario el pasado 2 de octubre, ahora el proyecto se ha vuelto a demorar, en este caso hasta 2018, debido a que el Gobierno central ha concretado «la urgencia de las inversiones, añadiendo la eficiencia económica» a los criterios que ya había, que, según su criterio, excluyen inicialmente a la instalación para la Foia.
En este sentido, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Desarrollo de la Red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 que, en efecto, incluye la subestación de Castalla, con fecha de puesta de inicio para 2018. Con la esperanza de que el objetivo se cumpla, la directora de Industria animó ayer a acometer cuanto antes los trabajos de instalación y también de la línea de transporte de alimentación.
Los empresarios de la Foia, sin embargo, se muestran «preocupados y muy descontentos» con la evolución que ha tenido este proyecto. «Es un tema vital para nosotros y para la población en general, porque nos encontramos con empresas que no pueden ampliar y con inversiones que pueden acabar no concretándose, lo que puede suponer que se marchan a otra parte; no ya fuera de la Foia, sino fuera de la provincia», según explica Héctor Torrente, director de IBIAE.
Para la patronal, es «incomprensible» que el Gobierno central no haya considerado de la máxima prioridad esta instalación. «No se, de verdad, dónde estarán las prioridades, pero parece que en Madrid no conocen que esta instalación es urgente, porque hace falta. De todas formas, vamos a intentar activarlo en la medida de lo posible», agregó Torrente.
El impacto de la falta de energía eléctrica en la Foia, como se viene informando afecta a las empresas ya instaladas. «Hay microcortes de forma continuada, lo que produce un grave perjuicio a las empresas, que tienen que reiniciar su producción, pero los ciudadanos también lo notan», indicó. En concreto se estima que en la Foia hay censadas alrededor de 800 empresas y unos 40.000 vecinos.
La directora general de Industria, que ya se ha reunido con los empresarios y los alcaldes de la Foia, ha significado que se seguirá trabajando para tratar de conseguir agilizar al máximo la puesta en marcha.
