Todos (llámese el Ayuntamiento de Alcoy o el Colegio de Abogados) quieren una solución rápida para los juzgados de Alcoy, principalmente con el traslado al nuevo Palacio de Justicia. Esta posición ha sido refrendada en los últimos días por la propia consellera Gabriela Bravo, que ha fijado la solución para Alcoy a la cabeza de las urgencias, por delante incluso de la sede del TSJ de Valencia.
Sin embargo, la confluencia de voluntades y buenas intenciones se ve confrontada con un problema mayúsculo: la total carencia de fondos que padece la Generalitat Valencianacarencia de fondos . Así se expresaba, casi de manera simultánea, el secretario autonómico Ferràn Puchades a los representantes de la FSP de la UGT. Juan Pedro Pelegrín, de la sección judicial de la UGT, ha explicado que en la entrevista se puso de manifiesto «la dramática situación de falta de dinero que tienen. Lo poco que había se ha destinado a becas y a gastos sociales, pero no hay ni un céntimo para inversiones».
Aunque no se precisó en la entrevista, quedó bastante claro que va a resultar muy difícil que este año se pueda cerrar un acuerdo para trasladar los servicios de la plaza Al-Azraq a las nuevas dependencias de la Mare de Déu. El Ayuntamiento, a través del alcalde Antonio Francés, ha reiterado su disposición a aceptar un alquiler simbólico hasta que más adelante se pueda negociar una compensación por la inversión, pero todo apunta a que la conselleria no puede asumir en estos momentos la inversión para el equipamiento del nuevo edificio, aunque se limite a los muebles e infraestructuras necesarias.
Meses de demora
En este contexto, la posibilidad de que el traslado de los juzgados se demore es notoria, ya que tendrían que aprobarse en las cuentas de los presupuestos de 2016, incorporarse una partida y concretarse, lo cual puede requerir meses ya en el contexto del próximo año.
