El anuncio del Ministerio de Industria de que la subestación eléctrica de Castalla se retrasará hasta 2018 ha provocado indignación máxima entre los empresarios de la Foia y los alcaldes, sin distinción de color político, toda vez que consideran que pone contra las cuerdas las «buenas perspectivas» de crecimiento industrial actuales. «Hay empresas que pueden pasar de la Foia o incluso de la provincia de Alicante», destacó ayer Héctor Torrente, director de IBIAE.
«Nos han toreado durante diez años», admitía amargamente el alcalde de Ibi, Rafael Serralta, mientras que el de Castalla, Antonio Bernabeu, señalaba «es algo que ya hemos vivido antes». Y es cierto. La subestación de Castalla se planificó a partir de 2008, pero en 2012 el gobierno de Rajoy la «suspendió»; las presiones hicieron que en 2013 se retomara y se preparara para 2016. El martes, el ministerio anunció en el Congreso que se pospone para 2018, extremo del que el jueves informaba la directora general de Industria Julia Company a los afectados, a la vez que anunciaba que se reclamará al ministerio que mantenga el programa de 2016.
Las reacciones en la Foia han sido contundentes contra la decisión del gobierno de Rajoy. Para los empresarios, el asunto es muy grave. «Ya nos quejamos del retraso para 2016, que no nos creíamos, como tampoco nos creemos ahora que se vaya a cumplir el plazo de 2018: son dos años de obras y tendrían que empezar ya para que estuviese para esa fecha. Es una mala noticia en un momento en que parece que está repuntando todo y se contemplan nuevos polígonos, por lo que era el momento para tenerla construida. Su falta nos genera un grave problema y hablamos de inversiones y puestos de trabajo», agregó. Torrente destaca el apoyo del Consell -«como otras veces»- y anuncia que se dirigirán al secretario de estado de Energía para pedir explicaciones. «Es una decisión política y el gobierno lo considera la subestación prioritaria», recalcó.
Antonio Bernabeu, alcalde de Castalla, criticó que «antes del verano nos dijeron que en cuatro meses tendríamos una subestación provisional y ahora resulta que se retrasa todo», lamentó. De entrada, indicó que «vamos a presionar al ministerio y a Iberdrola para que la hagan en 2016 porque la necesitamos, porque tenemos impresas interesadas en instalarse. Estamos indignados». Además, subrayó que «haremos gestiones políticas y vamos a dirigirnos a la Comisión nacional de Mercados y de la Competencia porque estamos ante prácticas monopolísticas de Iberdrola, que dificulta o abusa de la situación». Desde Iberdrola, no obstante, se recalcó que este plan depende del ministerio y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.
El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, subrayó que «la subestación es vital para la Foia porque hay nuevos polígonos en gestación. Por ello, vamos a actuar por dos vías: pidiendo que se agilice todo y que se habilite una estación provisional porque hay necesidades de energía». Serralta afirmó también que «no podemos permitir que ninguna empresa se marche y para ello necesitamos energía. El ministerio no ha tenido en cuenta el potencial de capacidad de inversión y creación de empleo que tenemos en la zona. Nos han toreado durante diez años y ahora es preciso que se haga cuanto antes».
Aparte, la diputada Patricia Blanquer, portavoz del PSOE en la comisión de Industria del Congreso, se entrevistó ayer con representantes municipales de Castalla e Ibi y con IBIAE, donde resaltó que «la subestación se necesita de forma urgente y no puede esperar hasta 2018».
Por ello, anunció que solicitará reuniones con la Generalitat, el Ministerio de Industria, Iberdrola y Red eléctrica española para «poder dar solución de una vez a los problemas técnicos que hay sobre la mesa y poder hacer realidad esta subestación en el menor plazo posible».
