Una sentencia judicial ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Castalla en el que se aprobó la renovación del contrato de explotación del servicio de agua potable a la mercantil Hidraqua. El fallo considera que la construcción del depósito debió adjudicarse a través de un procedimiento abierto.
El pleno celebrado el 2 de junio de 2014 aprobó, con el anterior gobierno local del PP al frente, la renovación del contrato de concesión del servicio de agua potable a Hidraqua por un periodo de 10 años, así como un nuevo estudio de costes y la construcción de un depósito de 5.000 metros cúbicos, además de sectorización telegestionada y renovación de válvulas de corte, todo ello por un importe de 1,2 millones de euros.
La resolución plenaria fue recurrida por Aguas de Valencia, al considerar que era contraria a derecho por suponer una modificación esencial del objeto del contrato y una restricción al principio de libre acceso a la licitación.
Ahora, el juzgado contencioso administrativo 4 de Alicante ha fallado a favor del recurso. Entre otras consideraciones, se señala que la ejecución del depósito debió ser llevada a cabo por el agente urbanizador de los Campellos, Marsadi, «si bien dicha mercantil incumplió con las obligaciones que le incumbían». A la vista de tal incumplimiento, prosigue el fallo judicial, el Ayuntamiento suscribió acta de recepción parcial de las obras, otorgando nuevos plazos de ejecución, si bien, antes de que expirara el plazo concedido, «de manera inexplicable, devolvió a dicha mercantil el aval en su día entregado en garantía de cumplimiento de sus obligaciones».
Tras resaltar que la renovación del contrato se llevó a cabo pese a los informes contrarios del secretario municipal y el interventor, el juzgado destaca que habida cuenta del importe de las obras a acometer, «no era posible la adjudicación directa, siendo lo oportuno su adjudicación a través de un procedimiento abierto de licitación». Por todo ello, anula el acuerdo plenario e impone al Ayuntamiento el pago de las costas.
El actual alcalde de Ciudadanos, Antonio Bernabeu, no quiso entrar a valorar el contenido del fallo judicial hasta estudiar detenidamente todo el proceso. Con todo, anunció un recurso, «porque mi obligación es defender los intereses del Ayuntamiento».
Maite Jimeno, del PSOE, recordó que su partido votó en contra de la renovación del contrato, «porque el depósito tenía que construirlo la urbanizadora y no estábamos de acuerdo en que acabara repercutiendo en todo el pueblo».
