La tragedia por el incendio registrado en los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Alcoleja, en que fallecieron un brigadista y un agente forestal, sigue sin aclararse cuando están a punto de cumplirse tres años. El proceso se encuentra a la espera de que la Fiscalía comunique si en su opinión hay base para abrir juicio oral o se archiva la causa por la vía penal. Los mandos de la extinción imputados atribuyen lo sucedido a una reacción imprevista del fuego, mientras que las acusaciones hablan de imprudencia.
Fue el 12 de agosto de 2012 cuando un incendio forestal, además de causar graves daños medioambientales, terminaba con la vida del brigadista Emilio Abargues Bataller y el agente medioambiental Ernesto Aparicio, quienes intervenían en las tareas de extinción. En el suceso también resultaron heridos otros seis integrantes de las brigadas de emergencia.
Transcurridos tres años, sin embargo, siguen sin concretarse las responsabilidades, si es que finalmente las hay. La instrucción del sumario registró inicialmente múltiples dilaciones debido al continuado cambio de jueces en el Juzgado número 2 de San Vicente del Raspeig, que se ocupa del caso.
Con todo, finalmente se procedía a la imputación por los posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes del jefe del puesto de mando avanzado e inspector jefe del Consorcio de Bomberos, Vicente Baeza; de un coordinador de Tragsa, Andrés Vicente Pastor; y de un sargento de bomberos, Juan Carlos Calles.
Todos ellos prestaron declaración el pasado mes de febrero en el juzgado, coincidiendo a la hora de argumentar que el suceso se produjo como consecuencia de una reacción imprevista de las llamas, cuando las brigadas comandadas por el sargento de bomberos y el coordinador de Tragsa se detuvieron en la carretera que comunica los puertos de Benifallim y Tudons para practicar un contrafuegos.
Fuentes de la defensa manifestaron en aquel momento que cuando se pararon en el citado lugar las llamas se encontraban a 400 metros de distancia, y que de repente se produjo una «deflagración imprevisible» que las hizo avanzar a 116 metros por segundo. Reconocieron, eso sí, que la decisión de detenerse en este lugar fue adoptada por los miembros del convoy.
Sin embargo, las acusaciones consideran que el incidente no se habría producido si los mandos que estaban al frente de las brigadas no hubiesen decidido por su cuenta detenerse a practicar un contrafuegos, en una maniobra que no fue autorizada por el jefe del Consorcio, que los habría mandado a un cortafuegos situado 500 metros más allá.
En la actualidad se está a la espera de que la Fiscalía comunique su parecer respecto a si ve base para abrir el juicio oral, decisión ésta de cualquier forma que le corresponde en última instancia a la titular del juzgado.
En caso de descartarse la vía penal, los abogados de las víctimas han expresado su intención de emprender acciones civiles con la finalidad de reclamar indemnizaciones para los afectados.
