El nuevo gobierno de Onil se ha visto obligado a priorizar el pago de facturas por la falta de fondos municipales. Esta situación se debe, según ha denunciado la alcaldesa, Humi Guill, a que «nos hemos encontrado casi todas las partidas vacías» y unos presupuesto prorrogados desde 2013.
La situación económica del Ayuntamiento de Onil es complicada y el nuevo gobierno municipal se ha visto obligado a «hacer auténticos malabares» con las cuentas, tal y como ha explicado la alcaldesa, Humi Guill, quien ha manifestado que «cuando llegamos el 15 de junio nos encontramos con muchas partidas vacías y sin previsión para el resto del año».
Según la primera edil, el anterior ejecutivo local estaba funcionando con «los presupuestos prorrogados desde 2013 y con modificaciones de crédito». Ello conlleva a que las partidas no obedezcan a la realidad y no se pueden cubrir las necesidades, por lo que en el primer semestre del año «habían consumido una parte importante de las partidas presupuestadas», ha recalcado Humi Guill.
Así las cosas, «nos vemos obligados a priorizar el pago de facturas», ya que «tenemos que continuar de esta forma hasta final de año», según ha explicado la alcaldesa. Para poder continuar hasta diciembre, «nuestro enfoque es atender lo necesario y prescindir de otras cosas menos necesarias, quedando en primer lugar el bienestar social, la limpieza viaria, el alumbrado y el resto de servicios, así como tendremos que dejar en un segundo plano, a pesar de que también son cuestiones muy necesarias, la organización de actividades culturales, por ejemplo».
Revisión catastral
Otra medida que está llevando a cabo el nuevo gobierno es la regularización catastral de construcciones que aún no han sido declaradas. Según la alcaldesa, esto supone «aplicar justicia tributaria y tendrá su efecto sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2016».
Guill ha explicado que las nuevas construcciones, reformas o rehabilitaciones que no han sido registradas y, por tanto, sus propietarios no pagaban el IBI, «tendrán que atender este impuesto una vez se lleve a cabo la revisión catastral». El plazo es de seis meses, por lo que entre febrero y marzo la documentación «estará actualizada y en el siguiente recibo los propietarios de construcciones no declaradas tendrán que empezar a pagar el IBI», ha recalcado la primera edil, quien ha puntualizado que el pago del mismo tendrá carácter retroactivo.
