La planta de transferencia de basuras de Sembenet, en Alcoy, ya ha superado los dos años clausurada y sin que en estos momentos existan previsiones concretas para su reapertura, según ha podido constatar este diario. La instalación fue cerrada en junio de 2013 por un decreto del alcalde Antonio Francés, cumpliendo una resolución del Tribunal Supremo y después de doce sentencias que la habían declarado como ilegal.
Iniciada por el PSOE-EU en 1998, fue retomada por el gobierno del PP, que logró que la financiara la Generalitat Valenciana, costando más de 2,5 millones de euros. Entró en servicio en 2003 con carácter provisional y así estuvo -incluso funcionando con grupo electrógeno y con depósito de agua potable- hasta el 19 de junio de 2013, cuando el Ayuntamiento la clausuró.
Los vecinos de la zona habían empezado a recurrir el primer día contra la instalación, que consideraban ilegal, y los tribunales, el Supremo incluido, les dieron la razón en nada menos que 12 sentencias. Todos los procesos judiciales fueron a favor de los vecinos, incluyendo la sucesivas licencia de apertura que intentó el Ayuntamiento.
Los motivos de esta «unanimidad judicial» fueron básicamente dos. Por una parte, la planta incumplía el PGOU vigente de Alcoy, ya que catalogaba la zona como de protección de bordes urbanos, lo que la descartaba; por otro, estaba a menos de los 2.000 metros del casco urbano que fijaba la legislación en aquel momento. En realidad, la instalación estaba y está a 700 metros del IES Pare Vitoria. Aunque el consistorio modificó la reglamentación, la planta fue clausurada.
No había transcurrido ni un mes cuando Vaersa, que es la propietaria, solicitó la reapertura. La empresa de la Generalitat se basa en una modificación legal que ahora permite ubicar la instalación, lo que le ha permitido cosechar numerosos informes favorables; en parte, esta situación es consecuencia de una directriz autonómica que el gobierno del PP aprobó en su día, autorizando la Zona XIV de residuos, lo que suponía una «cobertura», como significó en su momento el exdiputado de EU Lluís Torró. Sin embargo, el procedimiento sigue estancado y todavía faltan trámites, sobre todo a nivel autonómico, para que se pueda plantear la licencia de reapertura, según ha podido saber este diario de fuentes municipales.
La cuestión tiene su impacto en el bolsillo del conjunto de los alcoyanos, ya que el traslado de los residuos a la planta de Xixona sin procesar suponer un coste añadido de hasta 200.000 euros anuales, lo que puede haber permitido un gasto extra de más de 400.000 euros euros en el tiempo transcurrido desde al clausura.
