Los jueces de los dos juzgados del Partido Judicial de Ibi habían solicitado dos magistrados de refuerzo para atender los numerosos casos de corrupción política -y también el de la mara Salvatrucha- que tramitan en la actualidad. Al final, han podido obtener uno, que se va a ocupar de descargar de funciones a los titulares, para que se puedan centrar en las investigaciones de los casos del exteniente de alcalde Miguel Ángel Agüera, del exconcejal José Antonio Onsurbe, y de funcionarios y empresarios.
La memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con respecto a 2014 era concluyente: los dos juzgados de Ibi asumen asuntos penales de enorme complejidad, incluyendo numerosos de corrupción política con gran número de involucrados. Por ello, se solicitaba un magistrado de refuerzo para cada uno.
Según ha sabido este diario, el TSJ ha asignado un juez de refuerzo que, de acuerdo con las informaciones recabadas, va a encargarse de tramitar asuntos civiles en ambos juzgados. De esta forma, los magistrados titulares podrán ocuparse de los casos penales y de corrupción con mayor dedicación, al ser liberados de otras actividades. De hecho, en medios judiciales ibenses se confía en una reactivación de los trámites de los casos de corrupción para el mes de septiembre.
Los juzgados de Ibi tienen entre manos hasta 19 causas complicadas, de las cuales 18 son por corrupción y la restante es la de la mara Salvatrucha, con ramificaciones en toda España e incluso en el extranjero y 42 imputados, de acuerdo con la referida memoria. Sólo el sumario de la mara está integrado por 23 tomos a los que hay que sumar varias piezas separadas, en un proceso en el que interviene la Fiscalía contra la corrupción y el crimen organizado de la Audiencia Nacional. Este caso está en el número 1, al igual que otro de corrupción política con 13 tomos, a los que hay que sumar seis más de menor volumen.
La situación no es distinta en el Juzgado número 2, que tiene hasta 12 causas por presuntos delitos en la actividad política del Ayuntamiento, destacando un sumario por presunta prevaricación administrativa con 18 volúmenes hasta el momento.
Hay que significar que a los imputados «tradicionales» se ha sumado últimamente la actual primer teniente de alcalde Amparo Pina, después de una denuncia del Grupo Generala por la retirada de l'Alamí; en este caso, se trata más de una cuestión administrativa que de índole política y la propia interesada ha expresado su convicción de que será archivada a corto plazo.
La referida memoria también había solicitado un servicio propio de la Fiscalía, con el fin de evitar demoras en la tramitación de los asuntos, pero de momento, esta petición -que correspondería a la acusación pública y no al TSJ- está por resolver. Hay que significar que los juzgados de Ibi tuvieron entrada el pasado año de 3.546 asuntos penales, con un volumen de recursos humanos y medios materiales bastante limitados.
