El Partido Judicial de Alcoy tiene cuatro juzgados de primera instancia e instrucción y el de Ibi, dos, los cuales, en general, están sobrecargados de labor. En algún caso, como ha ocurrido recientemente en el número 2 de Alcoy, se ha asignado un magistrado de refuerzo por un exceso de carga de trabajo; esto también se produjo tiempo atrás en Ibi, para apoyar la tramitación de las investigaciones de casos de corrupción. La realidad es que el problema es más profundo, toda vez que ambos partidos tienen menos de la mitad de los juzgados que deberían tener.
De acuerdo con la memoria estadística correspondiente a 2014, elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la media nacional supera ligeramente los 10 juzgados por 100.000 habitantes. En esta zona, sumando los 95.701 vecinos de las comarca de l'Alcoià-Comtat y los 42.821 de la Foia, de acuerdo con los datos aportados por el propio informe, correspondería tener alrededor de 15 órganos judiciales. Sin embargo, sólo tienen seis: cuatro en Alcoy y dos en Ibi.
Inicialmente constituían un partido único, hasta que en diciembre de 1988 la Ley de Demarcación y Planta Judicial instituyó el de la Foia, en un primer momento con un juzgado al que luego se sumó un segundo. El de Alcoy tenía tres por entonces, habilitándose un cuarto en 2005, por mor de la labor del conseller de Justicia Miguel Peralta, que sigue enclavado en un local provisional alquilado, a la espera del nuevo Palacio de Justicia.
Esta carencia de juzgados se deja notar en el día a día, como ha subrayado el decano del Colegio de Abogados de Alcoy Juan José Tortajada, que subraya que «las salas están colapsadas de forma permanente». Esto se deja notar, como explica, en perjuicios para el ciudadano, que ve alargarse los plazos para la resolución de las cuestiones planteadas, ya sean de carácter procesal o afectando a la vida cotidiana, como declaraciones de incapacidad.
Esta situación, además, no es nueva, toda vez que hace ya años que se están reclamando nuevas infraestructuras judiciales, sin resultado alguno. Estas peticiones, en ocasiones, han sido formuladas por los jueces decanos, por los colegios de abogados y procuradores, por instancias políticas e incluso por el propio Tribunal Superior de Justicia. La reivindicación más antigua es la del Juzgado de lo Social, ya prácticamente olvidada, a la que se suman las del de lo Penal -todos los asuntos se tienen que dirimir en Alicante- y alguno más de primera instancia e instrucción, a fin de aliviar la carga de trabajo.
Habida cuenta la prácticamente nula creación de nuevos órganos judiciales registrada en los últimos tiempos, es de temer que esta situación se mantenga a medio plazo; de hecho, el Ministerio de Justicia está dando prioridad a zonas más «calientes» por su conflictividad o por su incremento poblacional.
Otro problema al que se vienen enfrentando estos juzgados de forma permanente es la itinerancia de los jueces, lo que complica la tramitación de asuntos, especialmente los complejos, como los de corrupción en Ibi o Ardystil o la Caja de Crédito en Alcoy.
