En enero, el «asunto» de Alcoy parecía cerrado. El conseller de Justicia, Lluís Santamaría, tenía enorme interés en resolver el «problema» del palacio judicial, sobre todo porque hay una amenaza pendiente de clausura del actual complejo de la plaza Al-Azraq, lanzada por la Inspección de Trabajo y señalada por el entonces fiscal general del Estado Torres Dulce. Han pasado los meses, el acuerdo está listo, «pero siempre falta un papel», señala el alcalde Antonio Francés, lo que ha impedido que a día de ayer el convenio esté cerrado del todo. Alcoy tiene pendiente de cobro 3,5 millones de euros.
Algo similar sucede en Ibi, aunque en este caso se parte de un convenio previo. En 2010 se firmó un acuerdo de pago Generalitat/Ayuntamiento, que la administración autonómica ha incumplido, al no abonar ni un céntimo; a finales de abril, el pleno, no sin resistencia por parte de algunos grupos, daba luz verde a una modificación, encaminada a que la villa juguetera pudiera cobrar. Tampoco en este caso se verá un céntimo antes del fin de la legislatura y de hecho esta misma semana el Ayuntamiento ha tenido que aportar más documentación, según ha precisado el alcalde Rafael Serralta, que, no obstante, prevé una rápida resolución. A Ibi se le adeudan dos millones.
De todas formas, la firma de los acuerdos no implicará un cobro inmediato. El palacio de Justicia de Ibi costó 1,2 millones que adelantó el consistorio, que, pasados los años, ahíto de promesas, presentó una demanda judicial. El gobierno de Ibi está dispuesto a retirar la demanda cuando se formalicen los pagos, lo que de momento no ha ocurrido. La deuda general sube ahora a 1.970.000 euros, que la población recuperaría a razón de 12.226 euros al mes hasta 2031.
El caso de Alcoy es distinto. El alcalde Jorge Sedano, del PP, decidió impulsar el nuevo palacio de Justicia siendo conseller Miguel Peralta, que había sido su antecesor. El proyecto iba a costar 1,2 millones y acabó alcanzando los 3,5 millones, sin que las arcas municipales hayan recuperado un céntimo. Con el edificio a punto de quedar terminado, en 2010, el gobierno de Sedano empezó a apretar al del presidente Camps para recuperar la inversión... sin resultado hasta hoy.
El gobierno de Antonio Francés lo intentó con el conseller Serafín Castellano, quién rechazó negociar y propuso cambiar el edificio nuevo por al antiguo, a lo que el consistorio se negó. Tras la amenaza de Trabajo, el actual conseller Santamaría retomó los contactos, que condujeron a un acuerdo: El Consell pagará 30.000 euros al año al consistorio durante dos ejercicios, y para entonces se concretará una fórmula de indemnización.
El Ayuntamiento ha remitido toda la documentación solicitada, ha ejecutado las obras de reparación necesarias en el edificio -que ha sufrido vandalismo durante estos cuatro años- y ha instalado cámaras de vigilancia. «La semana pasada nos pidieron otro papel, que enviamos enseguida. Seguimos a la espera», manifestó Francés.
Ocurra lo que ocurra, ya es seguro que la legislatura va a finalizar sin que la Generalitat restituya un céntimo a los consistorios de Ibi y Alcoy que se ofrecieron a adelantar la financiación de inversiones. Todo apunta que Hacienda no autoriza las respectivas operaciones.
