La Generalitat abonará 16.000 euros mensuales al Ayuntamiento de Ibi en concepto de alquiler por el Palacio de JusticiaPalacio de Justicia. Este es el acuerdo al que han llegado ambas instituciones, transcurridos seis años desde que fuese inaugurado el inmueble sin que el Consistorio haya ingresado ninguna cantidad de los 1,8 millones que invirtió en el proyecto. Con todo, el alcalde, Rafael Serralta, advierte que la denuncia presentada para exigir el dinero va a mantenerse, aunque se dejará en suspenso si el Consell cumple con sus compromisos.
Fue un 27 de enero del ya lejano 2009 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguraba el nuevo Palacio de Justicia de Ibi. Un edificio que, sin embargo, fue financiado por las arcas municipales a través de una inversión de 1,8 millones de euros, que el Consell debía reintegrar a través de sucesivos plazos. Pero transcurrido todo este tiempo, el Ayuntamiento sigue sin recibir ni un solo euro, lo que ya propició que en su momento decidiese reclamar el dinero a través de los tribunales.
La situación, no obstante, parece que va camino de desbloquearse, merced a las negociaciones mantenidas en los últimos tiempos. Según explicaba el alcalde, Rafael Serralta, «nuestra propuesta de alquiler con opción de compra ha sido aceptada y, lo que es más importante, presupuestada, con lo que estamos esperando a que entren en vigor las cuentas de la Generalitat de este año para empezar a cobrar».
El acuerdo, según la información facilitada, contempla el pago por parte de la Generalitat de 16.000 euros mensuales durante siete años. «De momento vamos a empezar por ahí, porque nuestra intención es recuperar todo el dinero invertido por el Ayuntamiento en la construcción del edificio, y no sólo eso, sino también el pago de suministros básicos como la luz», enfatizó.
En lo que respecta a la denuncia, Serralta indicó que «no vamos a retirarla. En todo caso la podemos dejar en suspenso en el momento en que empecemos a cobrar».
«Okupas»
El alcalde destacó que el acuerdo «permite desbloquear el asunto y acabar con una situación en la que literalmente estaban de "okupas" sin pagar nada. El Ayuntamiento está realizando un esfuerzo porque estamos hablando de un servicio que necesita toda la comarca, pero también es lógico que queramos recuperar el dinero invertido».
