La Audiencia Nacional ha eximido al Ministerio de Fomento de reparar los caminos dañados en el término municipal de Cocentaina durante las obras de construcción de la autovía. El fallo considera que no se ha acreditado la relación de causalidad, pese a los numerosos informes presentados por el Ayuntamiento a modo de prueba. El Consistorio, que reclamaba 544.886 euros, tendrá que asumir la subsanación de los desperfectos, toda vez que la sentencia no se puede recurrir.
Malestar y decepción son las palabras que definen el estado de ánimo del gobierno municipal de Cocentaina ante la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en relación al recurso interpuesto por el Ayuntamiento, que solicitaba a Fomento el pago de 544.886 euros por los daños ocasionados por las obras de la autovía central en la red de caminos rurales.
El recurso, como ha venido informando este diario, se interpuso después de que el propio Ministerio denegara la petición de indemnización por responsabilidad patrimonial en la ejecución de las obras de la autovía, en relación a los múltiples daños y desperfectos en determinadas vías rurales que atraviesan el municipio.
En la tramitación, según se recalcaba ayer, se aportaron diversos medios de prueba encaminados a demostrar la relación de causalidad entre las obras y los destrozos, es decir, se trató de acreditar que el deterioro de los caminos tuvo su origen en el ingente tráfico de vehículos y maquinaria pesada fuera de lo habitual.
Así, el Consistorio aportó declaraciones firmadas por los vecinos, en las que se destacaba que antes de las obras los caminos no presentaban los desperfectos denunciados. También se adjuntaron escritos de quejas durante la ejecución de los trabajos, y un informe emitido por el inspector jefe de la Policía Local donde se vinculan los daños a la construcción de la autovía.
De igual forma, se aportaba una declaración de la Conselleria de Agricultura en la que se autoeximía de la conservación del camino de Les Jovaes ante el paso de maquinaria pesada y camiones de gran tonelaje, así como un informe pericial de un ingeniero de caminos, canales y puertos que avalaba la versión municipal.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha considerado que no queda acreditada la relación de causalidad, acogiéndose a otros informes emitidos por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, en los que se afirma que no puede acreditarse la relación directa entre las obras de la autovía y los deterioros de los caminos, apuntándose además que dichos daños ya existían con anterioridad a los trabajos.
Contra esta sentencia, además, no cabe recurso judicial alguno, ya que la litis tenía una cuantía determinada de 544.886 euros y el mínimo legal para poder acceder a la vía de casación es el de cuantías de al menos 600.000 euros.
Con todo, el alcalde, Rafael Briet, expresaba que «nunca esperaba este resultado, pues es y era obvio que los caminos no estaban preparados para el tráfico pesado, es y era obvio que este tráfico pasó por ellos, y es y era obvio que hubo unos desperfectos que ocasionó y que han perjudicado al municipio y a sus vecinos».
Briet añadió que hubiese entendido que la cantidad reclamada se viese reducida, «pues era difícil valorar cuál era el deterioro natural y cuál el producido por el paso de camiones y maquinaria pesada. Pero pese a ello, hubo caminos que reparamos en 2007, justo un año antes de la ejecución de la autovía».
El alcalde lamenta que no se pueda recurrir la sentencia, aunque informa que «seguiremos con los trabajos que ya hemos puesto en marcha a través del remanente de tesorería y que también dispondremos en el presupuesto de 2015 para acometer las mejoras en los diferentes caminos afectados por esta injusta resolución».
