El intenso interrogatorio a que fue sometido ayer en el juzgado número 1 de Ibi el exprimer teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera, reveló contradicciones en los ingresos acreditados. Según pudo saber este diario, Agüera explicó que compraba relojes por ebay y los revendía más caros o que tenía un empleo complementario a su concejalía -por la que cobraba exclusiva-, por el que percibía 1.200 euros mensuales «en negro».
El «caso Ibi», que pretende aclarar supuestas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento, entró ayer en una nueva fase con las primeras declaraciones, que incluirán un total de 14 imputados y dos testigos. La portavoz del PSOE, Susana Hidalgo, ratificó la denuncia, reiterando los indicios de sospechas de contrataciones irregulares.
Acto seguido, compareció como testigo Antonio López, gerente del polideportivo y que está apartado de sus funciones. López explicó a su salida que ratificó la denuncia que hizo en su día a la Fiscalía Anticorrupción, sobre «partición de facturas y modificación de informes» sobre el proyecto de la piscina climatizada. Sobre los litigios que le enfrenta con el Ayuntamiento dijo que «hablaré en su momento».
También como testigo compareció Juan Enrique Martín que reiteró sus relaciones profesionales con Agüera y José Valdés, antiguo concejal de ADIi también imputado en el proceso. «Se ha corroborado la interrelación entre todos», indicaron fuentes cercanas al caso.
La declaración de Agüera se prolongó hasta bien entrada la tarde, asegurando el propio interesado que «he dicho la verdad, que esto es un procedimiento muy vinculado a la política y que se tiene que objetivar en la parte que no lo es. Todo Ibi sabe que esto viene desde que se expulsó a una teniente de alcalde y concejal de Hacienda [Felicidad Peñalver], que nos intentó meter un gol a favor de una cliente suya en un proyecto de reparcelación de la Pileta. Se beneficiaba a su clienta en perjuicio del Ayuntamiento, y eso está valorado en un millón de euros».
Con respecto al informe de la UDEF, indicó que «todo es razonable y coherente», para añadir que «conste que yo no tengo nada que ver con la política. Desde que en mayo de 2012 dejé la política cuando se me imputó, creo sinceramente que me he visto bastante perjudicado. Creo que es algo que no se debe hacer y no lo recomiendo, en mi caso la imputación por corrupción no es verdad, porque ni tengo cuentas en Suiza ni nada. Yo dimití pensando en mi conciencia y fue un error».
Más adelante, agregó que «creo que no hay contrataciones irregulares. El informe de la Policía deja entrever que puede haber algún troceamiento de algún contrato y yo tengo dudas más que razonables porque los técnicos han acreditado que está bien y ni las empresas ni los políticos nos hemos lucrado. Desde 2009 se me está investigando y no me han descubierto nada. Tenemos un certificado de un fiscal de Suiza oficiando que allí ni me conocen; me lo ha preguntado su señoría y le he dicho que no tengo cuentas ni de un millón ni de un euro, y las de España casi no tienen dinero».
Fuentes de las acusaciones, por su parte, incidieron en que Agüera incurrió en varias contradicciones sobre sus ingresos y en otros conceptos, todo lo cual se tendrá que estudiar y abordar más adelante, porque el exconcejal rechazó contestar a sus presuntas. También aseguró que los contratos no eran de su competencia y que se debería preguntar a los concejales o técnicos que lo aprobaban en cada caso, cuestión que los abogados ya señalaron que se hará.
En cuanto a las contradicciones sobre sus ingresos, este diario ha sabido que Agüera indicó que comparaba relojes por ebay y los revendía más caros o que tenía un empleo «en negro», por el que cobraba 1.200 euros al mes. Esto le valió una indicación de la sala, ya que en otro proceso -de carácter familiar y privado- había indicado que sólo tenía los ingresos de teniente de alcalde.
Por otro lado, las comparecencia de ayer permitieron resaltar la existencia de facturas presuntamente «fraccionadas» para eludir la ley de contratos, y otra de 170.000 euros pagada por Intersa Levante, cuyo representante legal está imputado, a la empresa Valex abogados, en la época en que José Valdés era concejal. También fue objeto de debate la factura de 6.000 euros más IVA pagada por el Ayuntamiento por un informe supuestamente copiado de internet sobre Ibi. Agüera dijo que sirvió para lograr subvenciones para Ibi.
