El juez del Juzgado de Primera Instancia número 1de Ibi ha citado a declarar como imputados a doce empresarios con el fin de investigar las contratas que mantuvieron con el Ayuntamiento de Ibi, en la época de la alcaldesa Mayte Parra y el primer teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera. El propio Agüera sigue imputado, al igual que el exedil de ADIi José Valdés, que fuera socio del anterior. Aparte, el juez ha recabado pruebas y solicitado también la comparecencia de un testigo, mientras descarta de nuevo la posible implicación de la exalcaldesa.

El «caso Ibi» se reactiva. En 2010, a raíz de una denuncia del PSOE se empezó a investigar una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Ibi, lo que llevó a la apertura de un sumario que fue declarado de inmediato secreto, situación que se mantuvo hasta el pasado 7 de febrero de 2014. En todo este tiempo, se registraron declaraciones y, sobre todo, la detención de Agüera, que fue imputado por cinco delitos y dimitió de sus cargos. Incluso había sido presidente local del PP.

Las acusaciones particulares, tras levantarse el secreto, estudiaron el sumario y solicitaron nuevas imputaciones, pero el proceso ha estado parado hasta ahora. De hecho, el pasado 23 de septiembre el PSOE solicitó un «impulso», que se ha acabado produciendo estas semanas, tras un cambio en el juzgado que ha provocado la llegada de un nuevo titular.

El magistrado ha estudiado las peticiones formuladas y ha acordado doce nuevas imputaciones, todas ellas en la persona de responsables de las empresas que mantuvieron contratos municipales que están bajo sospecha, especialmente en el caso de Tomás Morenate, que era cargo de confianza del PP -coordinador de obras- y titular de algunas de estas firmas.

En esta línea, el juez ha previsto una ronda de comparecencias de imputados que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre. Precisamente, la ronda la abrirá Agüera, para continuar con el representante de Intersa Levante SA, la firma que ejecutó dos de las obras más importantes en la historia de Ibi: el Teatro Río y el Palacio de Justicia, las cuales registraron sobrecostes y algunos aspectos muy polémicos. Por ejemplo, el PSOE lleva años denunciando lo que considera gasto desmesurado en las butacas del teatro.

A partir de ahí, declararán titulares de otras firmas como Iluminación Elecfes, SL y Electricidad Neolux S. L., pero, muy especialmente, familiares de Tomás Morenate, concretamente hasta seis. Por último, también lo hará José Valdes, que llegó a ser detenido durante el proceso e imputado por cohecho. Concejal de ADIi, fue expulsado de la formación cuando comenzaron a desvelarse sus relaciones comerciales con Agüera.

La investigación que practicó la UDEF corroboró que el grupo Morenate facturó al Ayuntamiento por valor de 379.483 euros, mientras Tomás Morenate era coordinador de Obras. En el caso de Neolux SL, efectuó trabajos por valor de 1,2 millones, siendo su administrador Javier Martínez, cuñado de Agüera. De los escritos efectuados por las acusaciones particulares, el juez ha aceptado imputaciones, pero ha descartado otras, como la de José Antonio Onsurbe, exconcejal del PP y que está imputado por cohecho en otro procedimiento.

Tampoco ha estimado la implicación de la exalcaldesa Mayte Parra, afirmando que en su momento el TSJ -que tuvo que analizarla por ser aforada, concretamente diputada autonómica- la desestimó señalando que no habías indicios suficientes, situación que se mantiene en la actualidad, «sin perjuicio de que a resultas de la investigación aparecieran otros datos que justificaran reconsiderarlo».