La providencia dictada por el juez también incorpora la práctica de una prueba destacada. En concreto, va a solicitar al Ayuntamiento de Ibi para que certifique el importe total que por todos los conceptos obtuvo Miguel Ángel Agüera desde que accedió a la corporación municipal hasta su cese efectivo o renuncia a su acta de concejal.
De manera específica, el juez reclama que se incluyan las concejalías, delegaciones, entidades públicas vinculadas o negociados en los que ostentaba cualquier tipo de cargo o función y que se justifique la retribución en cada caso. Igualmente, reclama el detalle del número de las cuentas y las entidades bancarias en las que se ingresaban sus retribuciones por todos los conceptos en cada período. En último término, se insta a que se aporten copias de las nóminas con las retribuciones percibidas por todos los conceptos mientras formó parte de la corporación.
Precisamente, el tren de vida de Agüera fue uno de los aspectos concretos que centró las investigaciones de la UDEF en su persona, a lo cual contribuyó la denuncia formulada contra él y Mayte Parra de ocultar cuentas en Suiza, extremo que ha sido descartado hasta el momento por la investigación.
En otro orden de cosas, el magistrado se ha dirigido a las partes para que «reformulen» sus planteamientos en torno al proceso, una vez se ha levantado el secreto sumarial. La limitación de información disponible impidió que se pudiera conocer el caso en todos sus extremos, pero la apertura del proceso permite acceder al conjunto de los hechos. Por ello, solicita que se ajusten las demandas al objeto de la investigación y que, de considerarse necesario, se presenten denuncias independientes por hechos que puedan entenderse como delictivos y que «en principio nada tienen que ver con lo que es objeto de investigación» en el procedimiento.
