Un estudio publicado en la Reviosta GeoGraphos, que edita el Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina de la Universidad de Alicante (UA), advierte sobre posibles irregularidades y sospechas de corrupción en torno al proceso de urbanización descontrolada en el caso de Castalla.

Su autor, Sergi Esteve Rico, del grado en Geografía y Ordenación del Territorio, denuncia en el artículo «La invasión urbanística en el término municipal de Castalla: el descontrol del poblamiento diseminado ilegal», cómo la actividad urbanística «ha gozado de una permisividad pasmosa, por parte de las administraciones públicas en los últimos años. De esta forma, y producto de los tiempos de burbuja inmobiliaria, al anterior resultado suma, además, una pésima planificación urbanística en un territorio que presenta ahora enormes dificultades de cara a la gestión».

Según se hace constar en una nota difundida por la UA, en referencia al artículo de Sergi Esteve, la construcción se convirtió, durante los años de la burbuja inmobiliaria, en actividad económica destacada en toda España, en especial en zonas de desarrollo turístico del litoral mediterráneo. En ese contexto, y aprovechando el auge del residencialismo en las zonas prelitorales todavía ajenas a la masificación de la primera línea de playa, el municipio de Castalla se vio inmerso en un desarrollo de la construcción impulsado principalmente por las corporaciones municipales, y del que sobresalen una gran urbanización, la ampliación del núcleo de Castalla en varios sectores urbanizables, y la acentuación de un fenómeno arraigado desde tiempo atrás como es el problema del diseminado.

«Los visos de ilegalidades y las sospechas de corrupción no quedan al margen de este proceso, que una vez reventada la burbuja muestra las cicatrices de una pésima planificación urbanística en un territorio que ahora presenta enormes dificultades de cara a la gestión», se indica en la nota.

Castalla Internacional

Esteve expone algún ejemplo sobre la urbanización desmesurada y la política urbanística, señalando al proyecto Castalla Internacional, a lo que añade datos como «los incumplimientos de legislación sobre edificación en el término municipal, el abandono progresivo de la agricultura como sector económico de peso con la transformación de parcelas de uso agrícola a uso residencial, y el impacto ambiental de la urbanización diseminada».

Esteve señala a la administración local como responsable de la situación, «que ha degenerado en un problema de encaje legal, pero también en un problema en la esfera medioambiental y paisajística».