El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó ayer que está «a punto» de cerrar la Fiscalía de Alcoy «porque no cumple las condiciones de higiene y seguridad», extremo que ya pudo comprobar en persona el pasado mes de febrero en una visita que efectuó a las instalaciones. Aquel mismo día, UGT le solicitó directamente la clausura del recinto, pero parecía que las conversaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento sobre el nuevo Palacio de Justicia habían otorgado visos de solución al problema.
Torres-Dulce realizó este anuncio en el transcurso de una conferencia que pronunció en la Universidad Jaume I de Castellón, en un acto académico en recuerdo y homenaje al fiscal Fernando Herrero-Tejedor.
El fiscal general del Estado, en una visita que realizó en febrero a las instalaciones de las Fiscalías de Alicante y Alcoy, se mostró confiado en que la Generalitat Valenciana pusiera «remedio» con «urgencia» a las deficiencias «graves» de las estructuras judiciales y la Fiscalía, en particular, con «compromisos concretos y determinados», lo que no ha sucedido.
En aquel momento explicó que había venido para hacerse una idea de la «gravedad» de la situación, «que debe abordarse sin mayores dilaciones», y apuntó que la Justicia «exige para los ciudadanos que se acerquen a ella y a los agentes que operan en el sector unas condiciones de habitabilidad e higiene» que, según dijo, es «evidente» que en Alicante, Orihuela y Alcoy no existen.
Precisamente, el día que Torres-Dulce se desplazó hasta Alcoy había mantenido previamente una entrevista con el delegado de Servicios Públicos de UGT, Juan Pedro Pelegrín, quién le había pedido formalmente que «fuera valiente» y clausurara la Fiscalía alcoyana, por estas deficientes condiciones.
Sin embargo, el pasado 2 de septiembre este periódico desvelaba que la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento habían reanudado las negociaciones en torno al nuevo Palacio de Justicia, existiendo una clara predisposición por parte del conseller Luis Santamaría para llegar a un acuerdo, que pasaría por una alquiler al consistorio y una indemnización más adelante, cuando la situación económica de la Generalitat haya mejorado.
El alcalde Antonio Francés expresó la disposición municipal a un acuerdo en estos términos y, al conocer ayer tarde la intención de Torres-Dulce, expresó su confianza en que se pueda llegar a un rápido acuerdo con la Generalitat, que se está tramitando en estos momentos. De hecho, ambas partes han tenido que anular formalmente el expediente administrativo que se abrió en la etapa de Serafín Castellano, a fin de afrontar uno nuevo.
La conformidad permitiría afrontar el traslado del Palacio de Justicia actual al nuevo, incluyendo las instalaciones de la Fiscalía y también el juzgado número 4, que está ubicado en un local alquilado en la calle Gabriel Miró. Sin embargo, todo esto tampoco será automático ya que habrá que cerrar el «papeleo», rematar el acondicionamiento del recinto y luego efectuar el traslado.
