El Ayuntamiento de Ibi ha iniciado los trámites necesarios para rescindir el contrato con La Generala e incautar el aval por los incumplimientos en la urbanización del Alamí.rescindir el contrato con La Generala e incautar el aval La propuesta fue aprobada por el pleno con los votos favorables del PP y la abstención de los grupos de la oposición. Los casi tres millones de euros, asimismo, serán destinados a la electrificación de la zona y a la construcción del pabellón polideportivo propuesto por la empresa para obtener la adjudicación del proyecto.
Han pasado diez años desde que el Ayuntamiento de Ibi adjudicó el proyecto de urbanización del Alamí a la empresa La Generala. Pasado este tiempo, y tras los continuos incumplimientos de la mercantil, el pleno municipal ha aprobado retirarle la condición de agente urbanizador e incautarle el aval de casi tres millones de euros que depositó en su día.
La medida fue aprobada con los votos favorables del PP y la abstención de los grupos de la oposición. Según el alcalde, Rafael Serralta, el resto de formaciones «han reconocido el esfuerzo que está realizando el nuevo equipo de gobierno para solucionar los problemas existentes», haciendo hincapié en el cambio de rumbo tomado desde hace un año.
Por su parte, la concejal de Urbanismo, María Amparo Pina, ha explicado que tras la aprobación plenaria han iniciado los trámites pertinentes y que están a la espera de que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana emita el correspondiente informe. Una vez cuenten con el citado documento podrán disponer del aval depositado por La Generala.
Con los casi tres millones de euros «vamos a terminar de ejecutar el proyecto de urbanización», ha indicado Pina, quien a su vez ha asegurado que «sólo queda por finalizar el 20%».
En concreto, falta electrificar la zona y realizar las mejoras que la empresa incluyó en el proyecto para conseguir la adjudicación del mismo, como es «un semivial, unos vallados y el pabellón polideportivo».
Asimismo, la edil de Urbanismo ha reconocido que parte del dinero también tendrá que destinarse a la reposición de mobiliario urbano y arbolado deteriorado, así como a reparar varios tramos de aceras y calzadas.
Aunque desconocen cuándo podrán disponer del aval, María Amparo Pina ha destacado que «pensamos que podría tardar sobre un mes». Asimismo, la concejal ha explicado que «estamos planteando la posibilidad de llevar a cabo el soterramiento del cableado de forma previa», aunque es una cuestión que todavía no está concretada.
Por su parte, el PSOE ha recordado a través de su página web que ya en 2006 «todos los grupos de la oposición presentamos una propuesta de pleno extraordinario» con el objetivo de «quitarle la condición de agente urbanizador a La Generala por reiterados incumplimientos», lo cual finalmente ha sucedido ocho años después.
La portavoz socialista, Susana Hidalgo, en el mismo escrito ha alabado el «gran trabajo realizado con este expediente» por Pina a la vez que echa en cara que no hayan denunciado en los juzgados «todo lo que hemos denunciado los socialistas y que finalmente propició el descalabro de Agüera».
