El perito judicial designado dentro del proceso que el Ayuntamiento de Alcoy sigue contra el grupo Ortiz por las obras del Teatro Calderón, ha emitido un informe en el que se señala que la constructora cobró un millón de euros de más por estos trabajos. El documento avala en su mayor parte la versión del Consistorio, que pretende la devolución del dinero.
El grupo Ortiz ejecutó la reforma del Calderón, un proyecto que se licitó por 1,6 millones de euros y que, a través de la incorporación de nuevas fases, se elevó hasta los 12 millones. En 2008, una vez ya se había inaugurado el remozado recinto cultural, el gobierno municipal integrado en aquel momento por el PP aprobó pagar sobrecostes por 2,1 millones.
Sin embargo, el actual ejecutivo de izquierdas solicitó una auditoría, la cual dictaminó que 1,2 millones no se deberían haber abonado, ya que eran obras no ejecutadas, facturadas por duplicado o valoradas por encima de los precios de mercado. Con estos antecedentes, PSOE y EU decidieron reclamar por vía judicial ese dinero pagado de más.
El juzgado que instruye el caso nombró un perito judicial para que redactase un informe al respecto, y ha sido ahora cuando se han conocido las conclusiones. Según explicaba a este diario la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, el informe en cuestión señala que Ortiz cobró 1.070.000 euros de forma indebida. Se trata de 130.000 euros menos de lo que reclama el Ayuntamiento, aunque según Zamorano, «no vamos a entrar a discutir por esa diferencia. Lo que se ha puesto de manifiesto es que estamos hablando de más de un millón de euros que no se debieron pagar».
Para la edil de Régimen Jurídico, este informe pericial incrementa las posibilidades de éxito del Ayuntamiento en el juicio previsto para el próximo mes de noviembre. «Aparte de nuestro informe, ahora disponemos de otro independiente y además a cargo de un perito designado por el propio juzgado», enfatizó.
De prosperar el contencioso planteado por el Consistorio, el gobierno municipal se plantearía la posibilidad de reclamar responsabilidades por parte del anterior ejecutivo local. Según Zamorano, «de entrada, podrían haber tenido las mismas sospechas que nosotros y asegurarse de que el constructor no iba a recibir dinero de más, porque eso sale del bolsillo de todos los ciudadanos».
Es por ello por lo que, llegado el caso, para la concejal quedaría claro que «habría responsabilidades como mínimo políticas, y quizá de mayor envergadura. De cualquier forma, vamos a esperar al juicio y a partir de ahí obraremos en consecuencia».
