La Audiencia Provincial sentará en el banquillo al presidente de una comunidad de propietarios de un edificio del céntrico paseo de la Explanada de Alicante acusado de entrar en la vivienda de otro vecino para comprobar si se había hecho obras ilegales. El juicio por un presunto delito de allanamiento de morada está señalado para el próximo mes de octubre y tendrá que ser enjuiciado por un jurado popular, ya que la Ley del Jurado en España otorga a los tribunales populares la competencia para enjuiciar estos hechos. La Fiscalía pide un año de cárcel para el imputado por estos hechos, mientras que el denunciante, que está personado en la causa como acusación particular, reclama una pena de un año y seis meses de prisión.
Pocos son los asuntos por este delito que llegan a juicio, ya que lo habitual es que las partes lleguen a un acuerdo antes de la vista. No es éste el caso, ya que las posturas están muy enfrentadas. Por lo que durante varios días, los miembros del jurado van a tener que sentarse a escuchar los antecedentes de este conflicto en la comunidad vecinal. La defensa no sólo plantea la inocencia del acusado, sino que además para demostrarla ha pedido una visita del jurado a comprobar si las obras de la discordia se efectuaron en lugares que corresponden a las zonas comunes del edificio y, por tanto, se encuentran fuera de la vivienda particular del denunciante. El juez que presidirá el tribunal del jurado ha dejado reservado uno de los días del juicio para visitar el edificio en cuestión, a expensas de cómo se desarrolle la vista.
Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2011 cuando el presidente de la comunidad pidió al conserje del edificio las llaves de la azotea. Según el escrito de acusación del fiscal, una vez allí, el imputado saltó el muro que separaba las zonas comunes de la vivienda particular del denunciante y estuvo haciendo fotografías de las obras que había realizado y por las que estaban enfrentados en otro juicio que se estaba solventando por la vía civil. El presidente de la comunidad vivía en el piso de abajo. El ministerio público considera que con esta acción el acusado accedió ilegalmente a la vivienda.
El juicio tiene una duración prevista de tres días, en los que además del acusado y el denunciante tendrán que declarar el conserje del edificio y el contratista que realizó las obras de la discordia. Entre las pruebas que ha solicitado la defensa se encuentra una visita a la vivienda supuestamente allanada que pretende acreditar que el acusado se encontraba en las zonas comunes del edificio. La prueba no ha sido rechazada y el magistrado que presidirá el tribunal ha reservado uno de los días del juicio para practicar la inspección ocular. Se da la circunstancia de que el edificio de la discordia se encuentra a pocos metros de la Audiencia Provincial, por lo que la visita sería prácticamente un paseo, aunque tendría que contar con protección policial.
informes jurados populares, eliminando delitos como el allanamiento o la omisión del deber de socorro. El objetivo es que estos asuntos sean resueltos por jueces profesionales, evitando vistas de varios días de duración, así como el pago de dietas a los miembros del jurado. La intervención de los tribunales populares debería ceñirse a delitos más graves como asesinatos y homicidios, según los informes presentados desde Alicante al fiscal general del Estado.
