El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) obliga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la Rosaleda de Alcoy, de la que forma parte Ortiz e Hijos, a abonar 275.320 euros al Ayuntamiento en concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de errores en los proyectos de diseño funcional y ejecución de las obras del aparcamiento subterráneo. El alto tribunal, en concreto, desestima la pretensión de la UTE de aplazar dicho pago.
Tal y como ha venido informando este diario, la UTE pretendía suspender la ejecución de la sentencia que daba la razón al Consistorio sobre la reclamación de responsabilidad al constructor por haber ejecutado un proyecto de parking ilegal, que ahora tendrá que ser remodelado. Cabe recordar que el pleno municipal del 18 de abril de 2012 acordó declarar a la UTE de la Rosaleda responsable de los daños y perjuicios mencionados, exigiendo a las empresas el pago al Ayuntamiento de 275.320 euros. Esta resolución fue impugnada por el contratista presentando demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, procedimiento que se resolvió a favor del Consistorio.
La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, explicaba ayer que «aquella sentencia declaraba ajustado a derecho el acuerdo del pleno, condenando a la UTE a pagar la cantidad referida, más las costas del juicio. Pero al mismo tiempo que presentaban la demanda, solicitaban al juzgado la suspensión de la ejecución del acto administrativo en tanto se resolviera definitivamente el proceso. Es decir, la UTE quería evitar abonar el importe hasta que mediara sentencia definitiva que le obligara a hacerlo».
El Ayuntamiento se opuso a esta medida, y ya el juzgado le dio la razón en ese momento, de forma que no acordó la suspensión. Contra aquella resolución, la UTE interpuso un recurso de apelación que ahora ha resuelto el TSJ por segunda vez a favor de los intereses del Consistorio.
«Por tanto -destacaba Zamorano-, la UTE habrá de pagar 275.320 euros en principio sin esperar a que haya un pronunciamiento definitivo por parte del propio Tribunal Superior de Justicia al recurso planteado sobre el fondo de la cuestión, que no es otro que la responsabilidad del contratista a la hora de redactar y ejecutar un proyecto ilegal que ya ha costado y costará mucho dinero a las arcas municipales de esta ciudad gracias a la irresponsabilidad política de antiguos gobiernos municipales».
Cabe recordar que es el propio TSJ el que ha obligado al Ayuntamiento a reformar la plaza de la Rosaleda para que cumpla con la legalidad en materia urbanística de zonas verdes y esté a la misma rasante que las calles circundantes. Si bien no se ha concretado de manera definitiva, todo parece indicar que será necesario demoler o, cuanto menos, retocar la primera planta del parking subterráneo, lo que implicará una fuerte inversión.
