Mientras los servicios jurídicos elaboran el recurso para tratar de evitar el pago de 4 millones de euros al grupo Ortiz por la retirada del proyecto del bulevar, el alcalde Antonio Francés informó ayer que otro frente que opone a ambas partes se dirimirá a finales de año: el juzgado ha fijado para noviembre el juicio por un posible sobrecoste en las obras de ampliación del Teatro Calderón, que el consistorio ha fijado en 1,2 millones y cuya devolución reclama.
El grupo Ortiz ejecutó la reforma del Calderón, un proyecto que se licitó por 1,6 millones y que acabó incorporando nuevas fases, hasta totalizar los 12 millones de euros. El teatro fue inaugurado en marzo de 2007, tras un proceso que había comenzado en 2001, impulsado por el gobierno del PP de Miguel Peralta y continuado por el de Jorge Sedano.
En otoño de 2008, el ejecutivo de Sedano aprobó pagar sobrecostes por 2,1 millones, pero el nuevo gobierno de Francés solicitó una auditoría técnica y dictaminó que 1,2 millones no se deberían haber pagado, ya que eran obras no ejecutadas, incorporadas al proyecto inicial o con sobrecostes. Por ello, solicitó por vía judicial la devolución de este dinero, a lo que el grupo Ortiz se opone. El juicio ha sido fijado para noviembre y el consistorio confía en una resolución antes de fin de año, evidentemente favorable a sus intereses.
Además, el alcalde y la edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, se mostraron ayer muy críticos con la sentencia que condena al Ayuntamiento a indemnizar a Ortiz con 4 millones de euros por la retirada del proyecto del bulevar, como viene adelantando este diario desde el pasado martes. Francés subrayó que se trató de «un contrato a medida a un constructor de cabecera de los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y que era claramente perjudicial para el Ayuntamiento de Alcoy, hasta el punto que habría puesto en peligro su situación financiera».
De hecho, el contrato firmado por el ejecutivo de Sedano obligaba al consistorio a pagar 1,2 millones al año, «por la obra y una concesión de la calle, como si fuera una autopista de peaje», resaltó Zamorano. El coste final era de 27 millones, pero el alcalde adelantó que «se habrían tenido que pagar 2,5 millones más por deficiencias en las instalaciones».
En cuanto a la retirada del proyecto, Francés indicó que «había motivos más que sobrados para librar a Alcoy de esta losa en la que nos quería meter el PP y encontramos la fórmula, ya que el PP no pudo aprobarlo porque no encontró técnicos que lo avalaran. Además, el Consejo Jurídico Consultivo nos dio la razón». Asimismo, subrayó que «las bases jurídicas dejan claro que son razones técnicas, más allá de las políticas, las que justifican la retirada».
Zamorano coincidió en que la sentencia «no está fundamentada» y acusó incluso a la juez de «tener una valoración previa del caso que parece luego ha cuadrado en sus consideraciones», ya que rechaza todas las aportaciones del Ayuntamiento y acepta todas las del grupo Ortiz. Tras subrayar que los únicos informes técnicos favorables son «externos al Ayuntamiento», apunta a que hay opciones «evidentes» de ganar el caso en el TSJ y que no cabe la ejecución provisional, por lo que no hay que adelantar el dinero.
