El Ayuntamiento de Alcoy tendrá que abonar al constructor Enrique Ortiz cuatro millones por la retirada del proyecto del bulevar de la explanación del ferrocarril, al haber estimado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante un recurso del promotor. La resolución, que aún no es firme, anula la decisión de la Junta de Gobierno que le retiró el contrato y obliga también a pagar intereses y las costas judiciales, lo que incrementará notablemente el coste global del proceso para las arcas municipales.
Enrique Ortiz obtuvo en mayo de 2010 la contrata para finalizar el bulevar norte de Alcoy; en realidad para ejecutar la mayor parte, entre la carretera del preventorio y El Collao. La adjudicación la había formalizado el gobierno local de Jorge Sedano y en abril de 2013 el de Antonio Francés se la retiró, alegando incumplimientos y deficiencias técnicas. Una y otra resolución estaban amparadas por informes técnicos municipales, «contradictorios» como señala el magistrado en sus consideraciones.
La promotora recurrió a los tribunales y ahora el citado juzgado le ha dado la razón, al entender que «de las actuaciones practicadas y en especial de los informes favorables existentes en autos a la aprobación del proyecto de ejecución, emitidos por técnicos municipales o a instancia del propio Ayuntamiento, no puede sino concluirse que ningún incumplimiento grave, culpable y esencial cabe achacar al demandante como causa justificativa de la resolución contractual acordada, siendo todos los de contenido desfavorable a los que alude la administración muy posteriores y emitidos casualmente y como remarca la parte actora, una vez hubo cambiado el equipo de gobierno», según resalta la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
Las consideraciones del fallo hacen especial hincapié en la actuación de los técnicos, con informes contradictorios, y en que desde el Ayuntamiento «en ningún momento se requiriera al contratista previo a acordar la resolución, la presentación de un proyecto modificado o reformado adicional... para solventar las deficiencias técnicas necesarias con el objeto de reducir al máximo el coste de las obras, de tal forma que pudiera ser viable su ejecución, presupuestariamente hablando, para la Administración Pública».
La sentencia, por tanto, revoca el acuerdo de la Junta de gobierno y condena al Ayuntamiento a pagar 3,4 millones a Ortiz por lucro cesante y gastos en los que ya había incurrido para preparar el proyecto; además, obliga a la devolución de las garantías incautadas, por importe de 543.943 euros, lo que totaliza casi 4 millones.
No acaba aquí el revés para el Ayuntamiento, ya que el plazo obliga al pago de «los intereses legalmente procedentes que se devenguen desde la fecha de la reclamación judicial», al igual que a los gastos generados por este proceso judicial, que ascienden a 262.433 euros, por lo que la cantidad definitiva superará ampliamente los 4 millones.
Hay que significar que, en su contestación, el Ayuntamiento presentó el informe de una auditora que cifraba la indemnización a abonar a Ortiz en «Cero» euros, pero el juez no la ha tenido en cuenta, mientras sí ha admitido en todos sus extremos la que aportó Enrique Ortiz.
