El Ayuntamiento de Alcoy ha constituido una comisión técnica multidisciplinaria con el fin de analizar e interpretar los criterios fijados por el TSJ para establecerlos en las bases de licitación del nuevo proyecto de reforma de la Rosaleda, para el que se busca el máximo consenso posible e incluso se ha invitado a participar a la Colla Ecologista La Carrasca. Hay que recordar que el TSJ ha anulado el primer proyecto, al no ser acorde con la sentencia, como se viene informando.
La edil Lorena Zamorano integrará la comisión, en calidad de delegada de contratación, junto a miembros de los departamentos de Ingeniería, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Arquitectura y el gabinete jurídico. El objetivo que se plantea, subraya Zamorano, es que «las bases del proyecto sean las más concretas posibles en cuanto a diseño y funcionalidad de la plaza y que estemos todos seguros que lo que se plasme cumple estrictamente con la legalidad vigente».
El objetivo del equipo de gobierno apunta a «licitar la redacción del proyecto este año y dejar para el próximo la ejecución de la obra», en tanto se pretende también completar el proceso «cumpliendo la sentencia con el menor coste posible, siempre adecuando la rasante y la zona verde a los parámetros fijados por el PGOU, lo que implicará un incremento considerable del presupuesto actual».
Además, el Ayuntamiento entiende que este nuevo proyecto tiene que contar con la aprobación de la ciudadanía, por lo que la concejal de Contratación ha invitado a la Carrasca a participar en todo el proceso, aunque el grupo ecologista ha preferido mantenerse al margen. «Es necesario que el proyecto definitivo cuente con el beneplácito de todos, sobre todo de la Carrasca, que es parte del proceso judicial. Conseguir un consenso es necesario si queremos poner fin al problema y ejecutar la reforma. Por ello, emplazamos a la Carrasca a formar parte del equipo y trabajar todos juntos con el objetivo de restablecer la legalidad de la zona, cuando antes mejor».
