El Síndic de Greuges está investigando la demolición por parte del Ayuntamiento de Tibi del lavadero municipal. La institución ya ha solicitado en dos ocasiones al Consistorio que aporte información sobre lo sucedido, después de recibir una denuncia ciudadana en la que se alerta que el derribo podría ser constitutivo de un delito contra el patrimonio.

El Síndic de Greuges ha recibido una denuncia de un ciudadano respecto a la demolición, como informó en su momento este diario, del lavadero municipal. Este incidente se registró en el transcurso de las obras de derribo del hogar del jubilado, situado justo al lado.

En su escrito, el denunciante resalta que esta acción contra un espacio etnológico de interés local podría ser constitutiva de una infracción muy grave de la ley de patrimonio cultural valenciano, además de un delito contra el patrimonio tipificado en el código penal.

Adicionalmente, el denunciante resalta que el hecho de haber utilizado una subvención de la Diputación de Alicante para derribar el lavadero en lugar de para rehabilitarlo, podría tratarse de un delito de malversación de caudales públicos.

En este sentido, desde el PSOE de Tibi se destaca a través de un escrito que efectivamente la subvención de la institución provincial fue para el derribo del hogar del jubilado y la adecuación del lavadero municipal, y que fue el alcalde el que a través de una providencia ordenó que se cambiara el proyecto y se derribara el lavadero. Para los socialistas, esta orden «está repleta de irregularidades, ya que no se comunicó a la Diputación el cambio de obra y, por tanto, esta modificación no fue aprobada en la comisión correspondiente».

Con todos estos antecedentes, el Síndic de Greuges ya se ha dirigido en dos ocasiones al Ayuntamiento para que aporte información en relación a lo ocurrido. La primera, según ha podido constatar este diario, fue el pasado mes de febrero, mientras que la segunda se ha hecho efectiva recientemente, al no haberse recibido ningún tipo de respuesta.

El Síndic reclama información por vía de urgencia, y le recuerda al alcalde que todos los poderes públicos tienen la obligación de prestar auxilio a esta institución en sus investigaciones con carácter preferente, tal y como se establece por ley.

Cabe destacar, por último, que la demolición del lavadero ha provocado un amplio revuelo en Tibi.