La denuncia de una agrupación de propietarios de terrenos contra el Ayuntamiento de Castalla por permitir una construcción ilegal del concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rico, ha venido a añadir un nuevo escándalo a una legislatura especialmente convulsa en la que los conflictos de intereses parecen estar a la orden del día. El supuesto infractor, perteneciente a UCiD, sostiene en la Alcaldía al PP, cuando a principios de legislatura hizo lo propio con el PSOE. Fue a través de una moción de censura que los socialistas, no se han cansado de repetir, obedeció a conveniencias personales.
Tal y como informaba ayer este diario, una agrupación de terrenos ha demandado al Ayuntamiento de Castalla por permitir una construcción ilegal del actual concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rico Mira. Los demandantes, que también acusan al edil de no haber pagado las cuotas de urbanización, exigen la restauración de la legalidad, lo que pasaría por la demolición de la casa y la imposición de sanciones al supuesto infractor.
Rico, por su parte, ha acusado a la citada agrupación, y más en concreto al industrial Vicente Berbegal, dueño de la mayor parte del suelo, de estar intentando evitar el pago de 290.000 euros por el enganche de la electricidad.
La denuncia de los propietarios ha venido a continuación de la interpuesta por Rico contra la exalcaldesa socialista Maite Gimeno, a la que acusa de haber aceptado en su momento la liquidación de las citadas obras de urbanización en contra de los informes técnicos, lo cual, afirma el concejal, podría propiciar que las arcas municipales tuvieran que asumir la finalización de los trabajos. Gimeno, por su parte, asegura haber actuado siempre en base al criterio de los técnicos, replicando que el objetivo de Rico es legalizar la casa construida de forma irregular en estos terrenos.
Sea como fuere, lo cierto es que esta demanda ha supuesto un nuevo escándalo para una legislatura especialmente convulsa en el Ayuntamiento, que ha tenido a Juan Antonio Rico como protagonista de algunos de los acontecimientos más destacados.
Todo empezó cuando el enfrentamiento interno en las filas del PP propició una escisión que tuvo como consecuencia la presentación de una candidatura de UCiD, entre cuyos integrantes se encontraba Juan Antonio Rico, hijo del histórico alcalde popular Juan Rico.
La legislatura arrancó con un ejecutivo local formado por el PSOE, Compromís y UCiD, que con Rico como figura destacada, decidió apoyar antes a los partidos de izquierda que al candidato popular José Luis Prats, con quien estaban enfrentados.
Sin embargo, y tras las discrepancias registradas en el seno del tripartito, en mayo del año pasado UCiD y el PP pactaban una moción de censura, que fue posible gracias a la marcha de Prats; una renuncia ésta que fue impuesta como requisito indispensable por el propio Rico para el acuerdo.
Desde ese momento, el popular Juan Antonio Candela ejerce como alcalde, mientras que Rico, que ostenta la concejalía de Urbanismo, se ha situado como hombre fuerte del gobierno municipal.
Desde un primer momento, y no se han cansado de repetirlo, los socialistas han acusado a UCiD y PP de haber pactado la moción de censura por intereses exclusivamente personales. Por un lado, los acusan de haber paralizado la auditoría sobre los años de gobierno del PP, y por otro, precisamente, de intentar tapar la construcción ilegal de Juan Antonio Rico.
El PSOE, con todo, también ha tenido lo suyo a lo largo de esta legislatura. Antes del cambio de signo en la Alcaldía, Gimeno había apartado de sus competencias al edil de su mismo partido, Álvaro Palma, por las pérdidas económicas de un concierto de Maldita Nerea. También la socialista Magdalena Durá, a la que el PP denunció por haberse lucrado presuntamente con la organización de la Feria de San Isidro, dimitía el pasado enero argumentando motivos personales.
Compromís, para no ser menos, también ha tenido su ración con la renuncia ese mismo mes de enero de Joan Antoni Cerdà, que reconoció haberse equivocado cuando estaba en el gobierno al haber fraccionado facturas y no convocar un concurso para la adquisición de material eléctrico y de limpieza.
