El Ayuntamiento de Alcoy ha concertado el alquiler de un local en el que ubicar provisionalmente las dependencias de la Fiscalía, para el caso en que Eduardo Torres-Dulce pueda decidir la clausura del servicio en el actual Palacio de Justicia. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, indico ayer que en caso de necesidad, el local sería arrendado de inmediato y requeriría muy pocos preparativos.
El Palacio de Justicia de Alcoy está amenazado de cierre por la Inspección de Trabajo, a través de un ultimátum que concluyó el pasado mes de mayo. El fiscal general del Estado visitó el recinto el pasado viernes y no se descarta que pueda decidir el cierre de las dependencias de la Fiscalía,que el propio Torres-Dulce calificó de «tercermundistas».
Aparte, como informó ayer este diario, la Conselleria de Justicia tiene previsto intervenir este mismo año en la rehabilitación del Palacio de Justicia de Alcoy, a través de un proyecto que se está redactando y que costará un millón de euros. Fuentes municipales, no obstante, trasladaron ayer cierta incredulidad en torno a esta cuestión, ya que «teníamos entendido que sólo había 500.000 euros para toda la Comunidad Valenciana; pero si es así, perfecto».
En este contexto, de cualquier manera, el Ayuntamiento ha preparado un «plan b» para el caso que el fiscal general del Estado decida el cierre. El Ayuntamiento, en su día, alcanzó un acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy para utilizar su vivero, pero esta opción se ha descartado ahora porque el recinto está ocupado por diversas empresas.
Por ello, manifestó Lorena Zamorano, se ha gestionado un local alternativo, que está situado cerca del actual Palacio de Justicia y también del Juzgado de Instrucción número 4 de la calle Gabriel Miró, po lo que su ubicación se considera satisfactoria.
La edil de Régimen Jurídico indicó que en caso de necesidad, el alquiler se formalizaría de manera inmediata y lo sufragaría el Ayuntamiento, incluyendo la preparación del local. La Conselleria de Justicia, por su parte, debería asumir los gastos del traslado de la Fiscalía y el enganche de los equipos informáticos al servidor general de justicia. «Esto iba a suponer un problema cuando se planteó la vez anterior, pero esperemos que ahora no lo sea», manifestó. De esta forma, se pretende evitar que la Fiscalía centralice sus servicios en Alicante.
