Los abogados de las víctimas del incendio forestal de La Torre de les Maçanes tienen previsto pedir al juez que impute delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores al coordinador de Tragsa, al sargento de bomberos y al agente medioambiental que estaban al frente de los brigadistas. Los letrados, asimismo, reclamarán la responsabilidad civil del Consorcio de bomberos y la empresa Tragsa para la concesión de indemnizaciones.

Los juzgados de San Vicente del Raspeig han iniciado la toma de declaraciones relacionadas con el incendio que en agosto de 2012 afectó a los términos municipales de La Torre de les Maçanes, Penàguila y Benifallim, y en cuya extinción fallecieron un brigadista y un agente medioambiental. Además, otros seis integrantes de brigadas de emergencia resultaron heridos.

La instrucción del sumario se inició prácticamente de inmediato, pero los cambios de jueces -hasta tres han pasado por esta causa- ha ido dilatando el proceso. Ha sido en este inicio del año cuando han empezado las declaraciones de los testigos, en su mayor parte personal tanto de las brigadas como del cuerpo de bomberos.

Según la información facilitada a este diario por fuentes cercanas al caso, los letrados de las víctimas tienen previsto solicitar la imputación por delitos de homicidio por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores de las tres personas que se entiende estaban al frente de las dos brigadas que sufrieron el percance. Se trata, en concreto, de un coordinador de la empresa Tragsa, un sargento de bomberos y un agente medioambiental.

Las acusaciones se basan en que habrían cometido una negligencia por practicar un contrafuegos en la estrecha carretera que comunica el puerto de Benifallim con el de Tudons, en un punto del todo inadecuado por la pendiente y la densa vegetación. Como se informó en su día, el incendio, que seguía trayectoria ascendente, acabó atrapando al personal. Además, se les acusa de haber desobedecido la orden del puesto de mando, que en realidad les había mandado a un cortafuegos situado más allá de donde se produjo el suceso.

Los abogados, asimismo, solicitarán la responsabilidad civil del Consorcio de Bomberos, dependiente de la Diputación, y de la empresa Tragsa, que gestiona las brigadas.

Los tres implicados todavía no han declarado, lo que se atribuye por las fuentes consultadas a que el juez estaría esperando a contar con más información antes de citarlos bien como testigos o bien como imputados.

Tampoco han declarado en los juzgados responsables de Tragsa ni de la Generalitat, de las que existe el convencimiento que van a defender la teoría del accidente. De hecho, la Conselleria de Gobernación, en un informe remitido al Síndic de Greuges, atribuye el atrapamiento de parte del personal a «una evolución inesperada del incendio».