El bulevar de la explanación del ferrocarril, de Alcoy, ha quedado como algo simbólico, con el primer tramo de apenas 200 metros, el puente Rafael Terol y la ampliación del del Barranquet, después de que el actual gobierno haya descartado el proyecto, pero seguirá dando quebraderos de cabeza mucho tiempo. De hecho, el Ayuntamiento está inmerso en procesos judiciales que podrían derivar en indemnizaciones cercanas a los 3 millones de euros por la adquisición de los terrenos.
El gobierno del PP de Jorge Sedano fijó las indemnizaciones por las expropiaciones de terrenos en 713.000 euros, correspondientes a parcelas diversas situadas en el trazado, entre la zona de Renfe y El Collao. Los dueños, sin embargo, expresaron su rotunda disconformidad con las cantidades abonadas, lo que se ha traducido en demandas judiciales en las que se reclama al consistorio el pago de hasta 6,2 millones de euros, como informó este diario en su momento.
Las tres primeras resoluciones llegaron el año pasado, todas contrarias al Ayuntamiento y con cantidades que cuadruplicaban las indemnizaciones fijadas. Esta cadena de fallos contrarios se ha visto ratificada en los últimos días, con una nueva sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia, en la que «solamente» se triplica el fallo. En concreto, por una parcela de 1.689 metros cuadrados se habían determinado 92.627 euros, mientras la sala ha fijado 300.393 euros, una cantidad a la que habría que añadir los intereses. El incremento, según explicó ayer la concejal de Régimen Jurídico Lorena Zamorano, se ha producido exclusivamente «por un aumento de los gastos de urbanización».
Esta sentencia, de la que se da cuenta hoy a la Junta de Gobierno, supone la cuarta contraria al Ayuntamiento por el bulevar, y con la particularidad de que son cuatro de cuatro. De los 713.000 euros que había previsto el gobierno de Sedano para los pagos, el Ayuntamiento puede tener que pagar hasta cerca de 3 millones, de mantenerse la tendencia actual, según señaló en su momento el alcalde y concejal de Hacienda, Antonio Francés.
En este sentido, además, Lorena Zamorano ha subrayado que todo el proceso está a expensas del Tribunal Supremo, ya que el primero de los casos ha llegado a esta instancia y su resolución puede ser definitiva. «El recurso que está ahora en el Supremo es de más de 1 millón de euros y será clave porque fijará el precio medio de la indemnización, al que luego se cogerán los demás propietarios», indicó. De momento, se desconoce cuándo se podrá producir este fallo.
De cualquier manera, el Ayuntamiento de Alcoy va a tener en cuenta los 300.000 euros de la sentencia actual, a la espera de que puedan tener que consignar este dinero en el presupuesto municipal, con las consiguientes repercusiones.
Hay que recordar que esta misma semana el Ayuntamiento se ha visto condenado a abonar 1,2 millones por una expropiación de terrenos en la zona del barranco de Benisaidó, correspondiente al PGOU de 1989. En este caso, el fallo es firme, por lo que el gobierno municipal tendrá que prever el pago en el presupuesto del año en curso, aunque está tratando de negociar con los propietarios una fórmula de pago en tres años, para atenuar su repercusión en las cuentas.
