Los juzgados investigarán los sobrecostes de las obras de remodelación del Teatro Calderón de Alcoy. Un perito judicial se encargará de valorar si la empresa Ortiz e Hijos facturó trabajos dos veces o los cobró sin llegarlos a realizar. El Ayuntamiento está reclamando a la constructora por estos conceptos 1,2 millones de euros.
Las obras del Teatro Calderón han llegado al final a los juzgados. Los gobiernos del PP de Miguel Peralta y Jorge Sedano impulsaron la reforma y ampliación del Teatro Calderón, obra que fue adjudicada en 2001 por 1,6 millones de euros, que incluiría tres fases y acabaría costando 12 millones. La inauguración tuvo lugar en marzo de 2007. Año y medio después, el 22 de diciembre de 2008, la junta de gobierno presidida por Sedano acordó el pago de una certificación por valor de 2.141.000 euros en base a los excesos registrados.
La elevada cantidad, sin embargo, causó extrañeza en el ejecutivo que sucedió al PP, que encargó una prueba pericial de esta liquidación. El informe resultante concluía que 1.245.000 euros no se tendrían que haber pagado, bien porque los trabajos no se ejecutaron o ya estaban incluidos en el conjunto de la obra. El mismo informe detectó, asimismo, cuatro tipo de irregularidades: obras ejecutadas y pagadas por encima del precio de mercado; trabajos incluidos en el proyecto original, por lo que se habrían pagado dos veces; excesos de obra de partidas nuevas, pero que ya estaban contabilizadas en el proyecto, por lo que fueron objeto de un doble desembolso; y excesos de medición que se revelaron inexistentes.
Con todo ello, el Ayuntamiento anunció la reclamación a la empresa constructora de los 1,2 millones que no se tendrían que haber abonado, aunque según explicó ayer la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, «para ello teníamos que revocar la decisión inicial de pago del propio Ayuntamiento, acudiendo al contencioso para certificar la legalidad de todo el proceso». Dicho contencioso ya se está tramitando, y a petición del Consistorio, el juzgado ha nombrado a un perito judicial que se encargará de valorar si efectivamente, como defiende el gobierno municipal, la constructora facturó obras dos veces o cobró otras sin llegarlas a ejecutar. «Se trata -indicó- de concretar si tenemos razón en nuestra reclamación, y si la cantidad que solicitamos a la empresa también es la correcta».
El ejecutivo, en función de los resultados del contencioso, se planteará si hay posibilidad de reclamar responsabilidades al gobierno anterior, como se va a hacer en el caso de la Rosaleda. Con todo, la concejal destacó que el proceso en este caso puede ser más complicado, sobre la base de que «las certificaciones están firmadas por un director de obra y no por un político».
UPyD pide una comisión
UPyD, por otro lado, ha solicitado la creación de una comisión de investigación, precisamente para depurar responsabilidades.
