El nuevo proyecto para legalizar la Rosaleda en Alcoy incluirá el derribo de la primera planta del parking subterráneo o, al menos, de una parte importante de la misma. Así lo admite el Ayuntamiento, después de que la última resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) haya sido tajante en el sentido de que la zona de ajardinamiento debe estar a la misma rasante que las aceras. El cumplimiento de esta exigencia incrementará de forma notable el coste de las obras.
Tal y como informaba este diario, una nueva resolución del TSJ iba a obligar a rehacer el proyecto para legalizar la Rosaleda y adaptarla a la normativa sobre zonas verdes del PGOU. Con todo, el alcance de este auto judicial va a ir incluso más allá, dado que según se anunciaba ayer desde el gobierno municipal, se va a tener que encargar la redacción de un nuevo proyecto de reforma, al haber quedado el anterior invalidado.
El ejecutivo local considera que la resolución del TSJ pone fin a la controversia sobre el proyecto y sobre las disputas que mantenían los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el grupo ecologista La Carrasca sobre la idoneidad de la obra aprobada por el anterior gobierno del PP para restituir la zona verde, después de declararse la ilegalidad de la actual plaza. El alto tribunal es claro y afirma que «las zonas pisables a ejecutar no forman parte de la zona de ajardinamiento», y que «el terreno circundante es el que rodea la zona de ajardinamiento y que tiene que estar a la misma rasante».
Según indicaba la concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, «pese a que consideramos que el TSJ no acaba de expresarse con la rotundidad que el tema merece respecto al proyecto planteado por el Ayuntamiento, la interpretación que cabe dar a esta última resolución es en el sentido que la obra no cumpliría los criterios marcados en anteriores autos».
La edil recordaba que tanto el Ayuntamiento como La Carrasca han insistido en la necesidad de que el TSJ se pronunciara de forma clara, evitando interpretaciones erróneas. «Lo que hemos intentado desde que entramos en el gobierno es que esta remodelación costara el menor precio posible a las arcas municipales, y por eso queríamos que se clarificaran las posturas legales antes de que se encareciera más una obra a la que nos han empujado las políticas irresponsables del PP».
Zamorano avanzó que a partir de ahora se ha de redactar un nuevo proyecto, «que probablemente suponga derribar una de las plantas del parking. De todas formas, deberán ser los propios arquitectos y técnicos los que determinen la idoneidad del nuevo proyecto, y puede que existan recursos para no llegar a la demolición, aunque lo vemos improbable».
En La Carrasca, Julia Moltó destaca que el auto «nos da la razón» y que «lo que queríamos es que no se ejecutara un proyecto que no cumpliera los mínimos marcados por la sentencia. A partir de ahora el asunto se desbloquea».
