El Plan Eólico del Comtat y la Marina Alta, que lleva generando polémica y controversia desde hace una década, puede tener los días contados. De hecho, la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se reúne hoy mismo para analizar y votar la caducidad del plan para construir 50 aerogeneradores en las cimas de las sierras de Almudaina y Alfaro, situadas en ambas comarcas.

Los miembros de este tribunal están citados hoy para pronunciarse y votar este proyecto que impulsó el gobierno del PP de la Generalitat, con el respaldo del de la Diputación y de ayuntamientos de este partido, aunque más tarde se producirían disensiones, pero que levantó honda controversia en toda la comarca. De hecho, en el verano de 2004 el proyecto fue sometido a información pública, presentándose nada menos que 40.000 alegaciones, las cuales todavía no han sido contadas. «Desde 2004 todavía no se ha dictado ninguna resolución ni sobre la evaluación de impacto ambiental ni sobre las autorizaciones de dichos parques eólicos», señalan desde la Coordinadora del Plan Eólico, que ha aunado los esfuerzos para combatir este proyecto, rechazado en sus plenos municipales por una veintena de ayuntamientos de la zona.

Ahora, ha llegado el momento de la verdad, toda vez que en el seno de la Coordinadora se considera que la resolución del tribunal puede ser definitiva. Los opositores a este proyecto han puesto de manifiesto las deficiencias legales que presenta y además entienden que el proceso tiene que darse por terminado ya que se han superado los plazos legales; de darles la razón el tribunal, sería un golpe prácticamente definitivo a la instalación de los aerogeneradores en estas sierras.

Desde la Coordinadora se recuerda que el Síndic de Greuges ha rechazado los emplazamientos de ambos parques eólicos, en tanto se apunta el conflicto que ha surgido últimamente: el plan de descatalogación de la Sierra de Alfaro como zona de especial protección para las aves, al haber descartado la Generalitat recurrir una sentencia que la anula, en un proceso promovido por la empresa adjudicataria de los aerogeneradores.

La sentencia del tribunal se prevé que pueda ser publicada antes de finales de año, lo que podría implicar el final de la tramitación de un proceso polémico que ha durado prácticamente una década. Desde la Coordinadora se ha hecho hincapié en que el comportamiento de la administración valenciana ha sido «poco democrático», con decisiones que han generado «indefensión».