El Ayuntamiento de Alcoy está sufriendo un quebranto económico importante por causa de las expropiaciones del bulevar de explanación del ferrocarril, por las que se han pagado 713.000 euros, pero que ahora los juzgados están disparando, hasta el punto que podrían tenerse que abonar hasta 2,1 millones de euros, tal y como informó este diario el pasado 24 de julio.
Las arcas municipales, sin embargo, podrían haberse ahorrado hasta el último céntimo de este desembolso, ya que los programas de actuación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989, vigente en la actualidad, contemplaban que tendría que haberse asignado a la empresa promotora del polígono industrial Santiago Payá, que fue Hansa Urbana, SA.
Según el programa de aplicación, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, entre 1990 y 1993 se preveía el desarrollo del sector industrial sur SUP-1, que acabaría siendo el polígono Santiago Payá, y del área residencial Riquer SUP-3, es decir, la zona entre la Colonia de Aviación y Batoy, una iniciativa que tenía como objetivo unir este último barrio con el resto del casco urbano. De hecho, esta meta no se ha cumplido y se ha fijado como prioridad para el futuro PGOU.
La referida normativa de aplicación apuntaba también que la asignación de las prioridades se configuraba en base a las inversiones ya comprometidas a las distintas administraciones. También contemplaba posponer al segundo ciclo, es decir al cuatrienio entre 1994 y 97, «la realización del bulevar de la explanación del ferrocarril». Sobre esta cuestión introducía un significativo matiz: «cuyo suelo ha de obtenerse, aparte del convenio con Renfe, como sistema general a cargo del suelo urbanizable programado del primer cuatrienio».
El desarrollo del que sería polígono industrial Santiago Payá sí se completó, aunque con retraso ya que no estuvo operativo hasta finales de los años noventa, pero el gobierno socialista de José Sanus nunca llegó a cumplir esta directriz incluida en el PGOU. De hecho, el gobierno del PP de Jorge Sedano puso en marcha las expropiaciones para el bulevar, para lo que presupuestó y pagó 713.000 euros.
Ahora, el gobierno del PSOE y EU que encabeza Antonio Francés, se está viendo frente a la necesidad de habilitar nuevos recursos, ya que los tribunales están cuadruplicando las indemnizaciones fijadas a los propietarios de suelo, lo cual puede implicar hasta el pago de 2,1 millones de euros.
Todo esto, con otro matiz: el bulevar que según el PGOU tendría que haber quedado terminado en 1997, no sólo no es una realidad sino que no lo será en años, ya que el actual Ayuntamiento ha acabado por rescindir el contrato formalizado con la firma Ortiz e Hijos, ya que habría llegado a implicar el desembolso de hasta 27 millones de euros en 20 años, una cantidad considerada «inasumible» para las arcas municipales. De cualquier manera, este conflicto se resolverá en los tribunales.
Hansa Urbana también tiene problemas con el Santiago Payá, ya que en 2011 la Generalitat aseguró que consolidaría las laderas del la zona y le pasaría la factura, después de que la promotora llevara once años sin solucionarlo. A día de hoy, Medio Ambiente no ha materializado su anuncio.
