Las tremendas dificultades con que tropieza el Alardo para subsistir son actuales, pero lo que se ha intensificado en lo últimos tiempos ha sido la aplicación de las directrices, ya que la normativa tiene 30 años y precisamente los acaba de cumplir estos días. En realidad la efeméride es imprecisa, pues la regulación actual de las batallas de las Fiestas de Moros y Cristianos quedó estipulada en un Real Decreto de julio de 1981, aprobado bajo los auspicios de la UCD, que luego fue rectificado por el primer gobierno del PSOE el 14 de abril de 1983. Esta "rectificación" incorporó un detalle que con el tiempo ha devenido fundamental: se otorgó a los entonces gobernadores civiles, hoy subdelegados del Gobierno, "plenos poderes" para el control de estos actos, teniéndolos que autorizar anualmente y obligando a cada festero a obtener la licencia de armas, a enviar sus arcabuces a Eibar para su revisión y homologación, como medidas fundamentales.

El alcalde de Alcoy de la época, José Sanus, invitó a las Fiestas de 1984 a los lugartenientes del ministro del Interior José Barrionuevo, que eran Rafael Vera y Sáinz de Santamaría, los cuales presenciaron las Entradas y conocieron de primera mano las características de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, a la postre el primer consumidor de pólvora nacional en este tipo de celebraciones. Todo esto permitió que, dado que no había problemas ni percances, la aplicación se las directrices legales se hiciera entre algodones, hasta que el gobierno del PP de Aznar apretó las tuercas y, además, impuso el kilo de pólvora por festero.

Lo que en principio parecía una sentencia de muerte para el Alardo de Alcoy, acabó suavizándose un tanto, ya que los festeros conseguían recargar sus armas. Todo esto se acabó hace tres años, cuando efectivos de la Intervención de Armas de la Guardia Civil empezaron a efectuar un control no sólo documental, sino también efectivo, in situ, del Alardo, lo que provocó expedientes -por ejemplo, al "sargento" de una filà que llevaba un carro de supermercado con varios arcabuces y los consiguientes kilos de pólvora- y un inmediato ajuste de las medidas de seguridad, que en el fondo siguen siendo las mismas, pero ahora se aplican sin margen de maniobra.

El libro de la Fiesta de Moros y Cristianos de José Luis Masanet habla de que los festeros necesitan 4 kilos para hacer alrededor de 450 disparos en el Alardo de Mañana y la Tarde, una cantidad de la que ahora se dispone en un 25%, lo que ha acabado incorporando este año la medida que nadie hubiese deseado: recortar el espectáculo.

El lector puede pensar que Calvo Sotelo, González y Aznar han sido "pioneros" en las restricciones para los espectáculos de pólvora -que también alcanzan a las "mascletades", como se ha visto este año-, pero esto no respondería a la realidad ya que los problemas comenzaron hace nada menos que 242 años. Carlos III promulgó en 1771 una normativa que prohibía el disparo de arcabuces o escopetas en el interior de las poblaciones, con penas de hasta cuatro años de cárcel en un penal de África, relata Masanet. Esta medida provocó la suspensión de los actos de arcabucería, limitándose las Fiestas a la expresión religiosa, hasta que en 1777 Alcoy recurrió al Consejo de Castilla (instancia judicial equivalente a la que hoy supone el Tribunal Supremo) solicitando permiso para el Alarde, que le fue denegado en 1781. Un año más tarde, hubo un cambio de estrategia y la autorización se solicitó para hacerlo "fuera de la población", pero con la lucha con armas blancas en la plaza San Agustín, y en este caso hubo suerte y se consiguió recuperar el espectáculo.