El Ayuntamiento de Ibi ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 que prohiba a Antonio José López, gerente del polideportivo, el acceso a estas instalaciones así como a cualquier dependencia municipal. La petición se produce después de que el citado, que está siendo investigado por falsedad en documento, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, se reincorporase el pasado miércoles a su trabajo.

Tal y como informó en su momento este diario, la Guardia Civil detuvo en abril del año pasado al gerente del polideportivo de Ibi, Antonio José López, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales.

De acuerdo con los datos facilitados en aquel momento desde la Comandancia Provincial, las pesquisas llevadas a cabo permitieron constatar que desde mediados de 2010 no existían ingresos procedentes del cobro de las tasas por las diferentes actividaes que realizan los usuarios del polideportivo, pudiendo ascender el efectivo no ingresado a 100.000 euros.

Además, se detectó que varias obras menores habían sido pagadas sin llegar a realizarse, al tiempo que figuraba la compra de material deportivo que nunca había llegado a las instalaciones, por un valor que pudiera aproximarse a los 50.000 euros.

La Guardia Civil, asimismo, investigaba los numerosos ingresos en efectivo en cuentas bancarias a nombre del detenido, que posteriormente habían sido cambiados en divisas o transferidos a entidades de EEUU, Nueva Zelanda, Chipre, Inglaterra, Uruguay y Suiza.

Transcurrido todo este tiempo, y según se informaba ayer desde el Ayuntamiento, Antonio José López se presentaba el miércoles acompañado de su letrado al que era su puesto de trabajo, tras haber permanecido de baja por depresión. El gerente, según las mismas fuentes, exigió el acceso a todas las instalaciones y a la documentación general del polideportivo.

Es por ello por lo que el Consistorio ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita que se proceda de forma urgente a "prohibir expresamente al inculpado Antonio José López, que se aproxime a las instalaciones del polideportivo municipal de Ibi, así como a cualquier dependencia administrativa del Ayuntamiento". En el texto, al que ha tenido acceso este diario, se señala que la situación "ha provocado momentos de confusión entre los propios trabajadores y la propia concejalía, ya que no podemos olvidar que las pruebas de cargo presentadas en la denuncia siguen encontrándose físicamente en el mencionado lugar".

El escrito afirma que existe la posibilidad legal de aplicar la medida de prohibición, "toda vez que la investigación sigue su curso, estando a la espera de nuevo informe por parte de la administración del polideportivo y de la propia intervención del Ayuntamiento, ante la ausencia en las cuentas municipales de pagos que se le realizaron al inculpado, tal y como acreditaremos en breves fechas".

El Ayuntamiento también anuncia que por parte de la acusación particular se solicitará el 19 de febrero la prisión de Antonio José López, "por la gravedad de los hechos y de los delitos imputados; por la posibilidad de que destruya pruebas o coaccione a testigos; por la ausencia total de intención de paliar el grave perjuicio ocasionado a su pueblo y ante todo, por la más que probable sustracción a los llamamientos judiciales, pues no olvidemos que hoy es el día que no se ha localizado físicamente el dinero detraído que según la propia policía judicial se encuentra en cuentas de paraísos fiscales".

La alcaldesa, Mayte Parra, se mostró tajante ayer al afirmar que que "Antonio José López, al menos hasta que el juzgado clarifique los presuntos delitos, no puede ser ni va a ser gerente". La edil mostró su perplejidad por la reincorporación, indicando que "es un privilegio por ser funcionario. En una empresa privada hubiese sido inmediatamente despedido. El reingreso va contra el sentido común".

Cabe recordar que la detención se produjo cuando ya había abierta una investigación judicial sobre irregularidades en la gestión económica del polideportivo, donde estaba imputada la exedil Ana Sarabia. El arresto del gerente, además, tuvo su origen en una denuncia presentada por el entonces concejal de Hacienda, Miguel Ángel Agüera, que poco después dimitió tras ser acusado también de malversación por otros asuntos.