El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi ha abierto diligencias previas, con el apoyo de la Fiscalía, para investigar una posible estafa, a la que se sumarían delitos de prevaricación y falsedad documental, en el marco de las polémicas obras de l'Alamí y en la que se implica a la alcaldesa Mayte Parra, a la constructora la Generala, a Miguel Ángel Agüera y a dos técnicos municipales. En el fondo del asunto estaría la falta de miles de placas de protección del cableado eléctrico subterráneo, que habrían sido cobradas a los propietarios de suelo, pero no colocadas. El juez, en un auto al que ha tenido acceso este diario, considera que a priori hay indicios suficientes como para investigar los hechos.
El Ayuntamiento de Ibi otorgó por 16 millones de euros a la Generala la urbanización de 350.000 m2 de suelo en l'Alamí, donde se podrían construir hasta 1.100 viviendas. En realidad, no se ha erigido ni una y la urbanización está prácticamente terminada, como así se ha reconocido desde el Ayuntamiento.
La cuestión que ha suscitado la denuncia -archivada por el mismo juzgado, pero reabierta tras aportarse nueva documentación- se refiere al tendido eléctrico subterráneo. En concreto, se señala que la Generala sólo ha colocado una placa de seguridad de cada cuatro para la protección de los cables de alta y baja tensión, que además se han insertado a menor profundidad de la prevista. La información remitida al juzgado apunta que pese a estas deficiencias los técnicos municipales han certificado que se ha cumplido la normativa de seguridad. La denuncia apunta que en los más de 10 kilómetros de zanjas podrían faltar hasta 24.187 placas de seguridad. Un documento anexo, el del certificado final de obra número 26, acredita que el 98% de la obra está acabada, incluyendo las conducciones eléctricas.
La demanda también solicita medidas cautelares, como la paralización inmediata de las obras de la construcción eléctrica en su última fase; igualmente, reclama que se cite a declarar a todos los denunciados y que un perito judicial evalúe las obras.
El Ayuntamiento de Ibi replicó el auto con un comunicado, en el que señalaba que "la alcaldesa Mayte Parra no certifica ni aprueba ninguna obra que se realiza", a la vez que arremetía contra el denunciante. Asimismo, hace hincapié en que "las obras no se han recepcionado ni por ello liquidado" y que "las comprobaciones pertinentes así como un informe final detallado por parte de los técnicos se realizará cuando la ejecución de las obras finalice". Más delante, se apunta que el Ayuntamiento dispone de dos avales por valor de 3 millones para "garantizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones del contratista respecto de las obras".
El denunciante -José Gimeno, vecino de l'Alamí- se pregunta a este respecto "¿cómo es posible que tengan la desfachatez de manifestar que controlarán las construcciones subterráneas una vez finalizadas y recepcionadas las obras que están enterradas?".
Por último, la nota difundida por el Ayuntamiento señala que se está estudiando una rebaja del IBI incluso con carácter retroactivo para los propietarios de terrenos de la zona.
