Alcoy va a ser una de las ciudades en que se aplique un programa piloto auspiciado por la Generalitat, a través del IVVSA, destinado a reservar viviendas públicas para alojar a personas afectadas por los desahucios. El Ayuntamiento aprobó ayer el proceso, que culminará en fechas próximas, pero ya tiene dos pisos reservados para sendas familias que pueden ser desalojadas de sus casas a corto plazo, según explicó la concejal de Patrimonio y Vivienda, Lorena Zamorano.

El Ayuntamiento ha preparado una acción coordinada de las concejalías de Hacienda, Participación Ciudadana, Bienestar Social y las dos citadas "para trabajar conjuntamente y conseguir que no se queden familias en la calle", detalló Paco Agulló, primer teniente de alcalde. Para ello, "vamos a insistir para que se cambie la normativa nacional y pondremos en marcha las actuaciones que podamos", agregó.

En este sentido, ya hay acciones en curso. El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el IVVSA a través del cual el organismo autonómico reservará viviendas para atender a las familias implicadas. "Hemos conseguido que Alcoy sea una de las pocas ciudades valencianas que se acoja a esta experiencia piloto", indicó Zamorano.

Aparte, el IVVSA se ha comprometido a retomar la gestión de sus viviendas, regulando la situación de los arrendatarios actuales y, sobre todo, a revisar el estado actual de los pisos de su propiedad, efectuando las reparaciones oportunas para la puesta a punto de las mismas. "En estos momentos es difícil a efectos presupuestarios, pero se puede empezar por las más sencillas". El Ayuntamiento se compromete a hacer otro tanto con las propias, aportando 7.000 euros antes de fin de año y otra cantidad en el presupuesto de 2013.

Aparte, el consistorio ha solicitado a los juzgados de Alcoy datos sobre los procedimientos de desahucio registrados entre 2008 y 2012, en tanto se prepara un convenio con el Colegio de Abogados, que financiaría el Ayuntamiento, y que permitiría asesorar a los afectados, que también pueden informarse en la OMIC. Otra medida que se ha puesto en marcha es la orden a la Policía Local de no intervenir, salvo en los casos en que haya una orden judicial formal. "Esto quiere decir que las llamadas telefónicas informales no se admitirán; es una manera de frenar procesos en la medida de nuestras posibilidades", resaltó. Por último, se "presionará" a los bancos que no paguen impuestos por sus pisos o a sus comunidades de vecinos.

Por otro lado, miembros de la plataforma de afectados de Alcoy destacaron ayer que "por la media, a la ciudad le tocan entre tres y cuatro a la semana, pero estamos a la espera de los datos concretos". Desde el colectivo, explica una de sus portavoces, Lorena Pérez, se ha detectado que "aquí la gente no viene a protestar, no sale a la calle", a la vez que se corrobora que "nos llegan los casos cuando el proceso ya está muy avanzado". Por ello, se pide que "cuando alguien se quede en el paro o tenga dificultades parar pagar la hipoteca, que lo diga enseguida porque al principio es más fácil poder negociar un acuerdo".

En este sentido, desde la plataforma se subraya que se han conseguido tres acuerdos de dación de la vivienda, dos con la CAM y uno con Banco Santander.