Al Ayuntamiento de Ibi se le ha agotado la paciencia. Tras tres años y medio de no haber cobrado ni un céntimo del 1.200.000 euros que le tenía que pagar la Generalitat -según convenio firmado en tiempos del presidente Camps- por la construcción del Palacio de Justicia, el gobierno de Mayte Parra ha decidido recurrir a la vía judicial para resarcirse, según ha anunciado la portavoz María Amparo Pina

En un método que fue común en una época, el Ayuntamiento suscribió un convenio con la Generalitat Valenciana, a través del cual se comprometía a asumir la financiación del nuevo Palacio de Justicia, coste que posteriormente le sería reintegrado. Por ello, como recordaba ayer Pina, el consistorio puso 1,2 millones de euros -una cantidad muy importante para las arcas municipales- lo que permitió que el presidente Camps y la alcaldesa Parra inauguraran el nuevo edificio el 27 de enero de 2009, estando operativo desde entonces. Pasados más de tres años y medio, el Ayuntamiento aún no ha visto un céntimo, pues la Generalitat ha incumplido todos sus compromisos de pago, incluyendo el último del pasado mes de mayo, por el que accedía a pagarlo como si fuera un arrendamiento, a razón de 15.000 euros mensuales.

"La negociación ha llegado hasta aquí", declaró ayer Pina, tras subrayar que el consistorio no ha percibido cantidad alguna. "Hemos puesto el asunto en manos de los abogados para que presenten la reclamación administrativa previa entre administraciones y, si no se avienen, iniciaremos acciones judiciales", declaró.

La portavoz del gobierno del PP recalcó que "es mucho el dinero que se nos debe y además tenemos un convenio firmado y la documentación necesaria, pero se ha incumplido todo por parte de la Generalitat".

Pina no ocultó que la decisión se toma "con todo el dolor de nuestro corazón", por causa de que "estamos en un momento en el que hay que ser flexible, por las circunstancias que atravesamos, pero esto ha durado ya demasiado y hay que resolverlo".

Por ello, tras fracasar el entendimiento político, el asunto está en manos de los abogados, que si no logran el pago inmediato, recurrirán por la vía de lo contencioso-administrativo para resarcir al Ayuntamiento de Ibi.