Los ayuntamientos de Penàguila, Benifallim y La Torre de les Maçanes estudian solicitar la declaración de zona catastrófica como consecuencia del incendio forestal que ha arrasado una superficie de 600 hectáreas. Los alcaldes mantendrán una reunión para evaluar los daños registrados, y no descartan solicitar otro tipo de ayudas si se adaptan mejor a los intereses de los perjudicados. Cerca del 70% del área calcinada pertenece al término municipal de Penàguila.
Tal y como ha venido informando este diario, el pasado domingo día 12, y como consecuencia del incendio de un vehículo, se declaraba un fuego forestal en La Torre de les Maçanes, que posteriormente se propagaba hacia los términos municipales de Benifallim y Penàguila. Las llamas, que además se llevaron por delante las vidas de un agente medioambiental y de un brigadista de emergencia y ocasionaban heridas graves a otros dos, calcinó una superficie cercana a las 600 hectáreas.
Transcurrida ya más de una semana desde la catástrofe, los ayuntamientos afectados están recopilando datos para evaluar de la forma más aproximada posible los daños registrados y, en función de ello, solicitar ayudas. Según la información facilitada por el alcalde de Penàguila, Carlos Blanes, alrededor del 70% de la zona calcinada pertenece al término municipal de este municipio. "El fuego -recuerda- comenzó en La Torre de Les Maçanes, pero se propagó rápidamente y al final los daños más importantes, al menos en cuanto a extensión, son los nuestros".
El 90% de la superficie siniestrada, además, es de propiedad privada. Si bien casi todo lo que ha resultado calcinado es bosque de pinar adulto, también ha habido pérdidas en materia de cultivos, principalmente frutales y almendros.
Con estas bases, los alcaldes de La Torre de les Maçanes, Cristóbal Sala; Benifallim, José Carlos Barrachina; y Penàguila, Carlos Blanes, tienen previsto celebrar en breve una reunión al objeto de analizar pormenorizadamente lo ocurrido y solicitar ayudas con las que hacer frente a los daños ocasionados.
En este sentido, manifestó Blanes, los ayuntamientos estudiarán la viabilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica, lo que posibilitaría a ayuntamientos y propietarios el acceso a ayudas y coberturas no contempladas en las pólizas de seguro. También se podría acceder a ventajas fiscales.
En cualquier caso, el alcalde de Penàguila dijo que esta es una de las posibilidades, pero que tampoco se descartan otras. "Habrá que analizar con detenimiento cuáles son las ayudas que mejor se adaptan a nuestras circunstancias y decidir en consecuencia", apuntó.
Blanes manifestó, asimismo, que los propietarios de fincas ya han empezado a contactar con los ayuntamientos para comunicar el alcance de los daños e interesarse por la posibilidad de optar a subvenciones.
Cabe recordar, asimismo, que desde un principio se ha criticado la falta de limpieza de gran parte de la zona incendiada, lo que habría favorecido la propagación del fuego. Con todo, hay que resaltar que no todas las fincas particulares estaban descuidadas, toda vez que el incendio pudo controlarse cuando las llamas llegar a las fincas de El Diago y La Hedrera, perfectamente mantenidas por sus propietarios, lo que ayudó a los medios de extinción a sofocar las llamas.
La Diputación niega la destitución del sargento
La Diputación y la Conselleria de Gobernación negaron ayer que se haya producido la destitución del sargento responsable de las tareas de extinción del incendio de La Torre de les Maçanes, donde murieron un brigadista y un agente medioambiental y que investiga un juzgado. En un comunicado de la Diputación, el Consorcio Provincial de Bomberos niega que se haya "apartado ni relevado de sus funciones a cualquier mando de este organismo. Asímismo también refuta que exista ninguna petición por parte de la Conselleria de Gobernación al respecto, ya que una administración no puede tomar medidas disciplinarias sobre trabajadores de otra".
A pesar de ello, fuentes sindicales insistieron ayer en que se ha apartado a este sargento, aunque no de forma oficial, ya que hay abierta una investigación interna en el Consorcio para depurar responsabilidades y para destituir a este mando es necesario incoar un expediente sancionador, al tratarse de un funcionario de carrera. Otras fuentes señalaron que Gobernación podría haber presionado para llevar a cabo el relevo. J.A.R.
