Los afectados por la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy solicitarán en la próxima asamblea general, que previsiblemente convocará el juzgado el próximo otoño, la liquidación definitiva de la entidad, lo que provocaría su desaparición total. Hay que recordar que esta cooperativa de crédito valenciana, fundada en 1987, se declaró en suspensión de pagos en 1993, atrapando ahorros de unas 1.500 personas por valor de unos 3,6 millones de euros.

De la crisis de la Caja de Alcoy se cumplirán 19 años el próximo día 23, pero sus efectos siguen latentes: la subdirectora Mercedes Llopis cumple condena en Villena, prisión de la que se fugó el pasado noviembre su primo Jesús Lidiano Llopis, hijo del director general Jesús Llopis Ferrer y responsable de la sucursal. Hasta el día de hoy no ha sido encontrado, pese a que está siendo buscado activamente. Los tres habían sido condenados por un delito de insolvencia punible -quiebra fraudulenta-, aunque el director general solamente cumplió seis meses por su edad y por razones de salud, de los cuatro años que incluía la pena.

Aparte, las propiedades de la Caja de Alcoy, especialmente los créditos concedidos que se han ido cobrando poco a poco, permiten que los antiguos clientes estén recuperando algo del dinero que perdieron en su día, toda vez que la entidad no estaba adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España. Enrique Rodes, presidente de la asociación de afectados, que agrupa a unos 700 antiguos clientes, explica que "en los próximos meses repartiremos unos 400.000 euros, lo que significa alrededor de un 10% del dinero que perdimos". Esta cantidad se sumaría al 42% que les pagó en su momento el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y a otro 18% que se repartieron en 2003. En total, por tanto, habrán podido reintegrar alrededor de un 70% del dinero que tenían, pero con respecto a su valor de 1993.

El centro de mayores de la plaza de España fue escenario ayer tarde de una asamblea, en el transcurso de la cual los afectados pudieron cumplimentar ante notario el trámite de apoderamiento a los representantes de la asociación. "Queremos ir a la asamblea en el juzgado con una sola voz para pedir la liquidación de la entidad", agregó Rodes.

El motivo de esta iniciativa no es otro que ahorrar costes. La existencia de una estructura en torno a la Caja de Crédito motiva gastos, sobre todo de carácter legal, e incluso aportaciones a organismos oficiales estatales por deudas que mantenía la entidad en su momento, sobre todo con Hacienda y la Seguridad Social. Todo esto provoca que la cantidad de dinero que se reparten los afectados sea inferior y de ahí que se plantee su liquidación.

De consumarse esta medida, lo que parece probable, implicaría la desaparición definitiva de la Caja de Crédito de Alcoy. La entidad fue fundada en 1987 y fue la primera de crédito autorizada por la Generalitat Valenciana; operó hasta el día de la suspensión de pagos. Posteriormente mantuvo las dos oficinas abiertas, en las que no hubo prácticamente actividad alguna, hasta que en 1995 se formalizó la quiebra, día en el que se clausuró todo.

El juicio no llegó hasta enero de 2008, condenando entonces la Audiencia a los dos máximos directivos por insolvencia punible; al año siguiente, el Supremo condenó también como coautor a Jesús Lidiano Llopis, ahora fugado de la prisión de Villena.

Tres directivos condenados por irregularidades

Los directivos de la Caja de Crédito de Alcoy atribuyeron su crisis a la "coyuntura" económica imperante en aquella época, en un momento en el que el Banco Hispano Americano, por ejemplo, tuvo graves problemas. Hubo que esperar medio año hasta que el informe de los interventores judiciales empezara a desvelar que el asunto no estaba tan claro y que se habían producido irregularidades graves, como préstamos a directivos en la víspera misma de la suspensión de pagos. Tras la quiebra, las acusaciones se agravaron y, finalmente, la justicia consideró que los tres máximos directivos habían "conspirado" para llevarse el dinero de la Caja. "Trama defraudatoria", "alzamiento de bienes" son algunas de las expresiones utilizadas. Aparte, la eternización de la tramitación del proceso judicial, a cargo de un juzgado de Alcoy, incrementó el grado de desazón de los antiguos clientes. Finalmente, los afectados pudieron obtener el juicio por el que suspiraban, aunque posteriormente consideraron muy reducidas la penas otorgadas. M. C.