El monte ardió en l'Orxa en la tarde del 10 de julio de 1993. Un cambio de viento atrapó a una brigada, cobrándose la vida de Ignacio Faulí y Manuel Miguel Virto e hirieron, en algunos casos de gravedad, a otros nueve brigadistas. En 2003, la Audiencia condenaba al basurero de la población por haber causado el incendio al haber quemado desperdicios; esta persona se declaró insolvente y el Ayuntamiento tendría que haber pagado 1 millón de euros en indemnizaciones, pero aduce que no tiene fondos para hacerlo.

Natividad Arroyo y Ramón Faulí, madre y hermano de Ignacio Faulí -que prácticamente murió en su primer incendio- no ocultan su dolor por la falta de justicia. "Mi padre, que también ha fallecido, acabó cerrando un acuerdo con el Ayuntamiento, que se comprometió a pagar 120.000 euros, pero apenas ha llegado a los 20.000. La última vez le envió a mi madre 2.000 euros", explica.

"El Ayuntamiento dice una y otra vez que no tiene dinero y que no puede pagar. Ahora, además, es peor por todo lo que está pasando. La realidad es que no se ha movido nada en todos estos años y me parece lamentable. No se puede entender que se ganara el juicio y luego no se haya pagado nada. ¿Dónde están las ayudas que nos prometieron cuando se dieron las medallas?", agregó. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alcoy, por entonces gobernado por el PSOE y José Sanus, otorgó la medalla de oro de la ciudad a los dos fallecidos (el otro era originario del País Vasco).

El padre, Ramón Faulí, llevó durante años la batuta de la reivindicación, hasta su fallecimiento hace un tiempo. Su hijo señala que "mi madre está muy dolida por todo lo que ha pasado, por ver que las cosas no se arreglan y haber perdido en estos años al hijo, al marido y, más recientemente, a la hermana".

Hay que significar que el basurero de l'Orxa no llegó a entrar en prisión porque fue condenado a un año por un delito de imprudencia temeraria con resultado de incendio, muerte y lesiones. El fallo no fue recurrido al Tribunal Supremo, por lo que en el verano de 2002 -tardó 9 años en juzgarse- ya era firme. Desde entonces, el Ayuntamiento ha esgrimido su imposibilidad de hacer frente a los pagos causados por un incendio que calcinó un área catalogada como de "escaso valor ecológico".