La huelga en el transporte urbano de autobuses de Alcoy seguirá por el momento con carácter indefinido, pero los vehículos volvieron a estar operativos en el día de ayer, al cumplirse los servicios mínimos y repararse los daños registrados en los actos de sabotaje del martes. Tuasa, además, anunció su intención de abandonar el servicio si el Ayuntamiento no le paga.

El conflicto de los autobuses urbanos de Alcoy vivió ayer su segunda jornada de huelga, en la que, para empezar, no hubo más agresiones a vehículos en la cochera, que estuvo sometida a una estricta vigilancia de la Policía Local. En este día, los servicios mínimos funcionaron con normalidad, una vez reparados los daños causados en los vehículos, que impidieron que pudieran circular con garantías.

Al margen de esto, al mediodía se celebró una reunión entre el Ayuntamiento, Tuasa -filial del grupo Subús- y los trabajadores, en un intento de alcanzar un acuerdo y desactivar la huelga. La sesión, sin embargo, acabó entre un sonoro fracaso, por cuanto "la empresa se ha negado a garantizar que el dinero que recibirá del Ayuntamiento se dedicará a pagar las deudas a los trabajadores y además lo ha hecho con una actitud chulesca", indicó Carlos Bardisa, delegado de personal.

La empresa, igualmente, anunció su intención de abandonar el servicio si el Ayuntamiento no le paga, a pesar de que el alcalde Antonio Francés y el concejal delegado Jordi Martínez se comprometieron a seguir con los pagos mensuales de 60.000 euros este año, y a "incrementar las aportaciones en 2013 si la liquidez del Ayuntamiento se normaliza".

Aparte, el sabotaje registrado en las instalaciones y los autobuses empezó a tener consecuencias en el día de ayer. Por un lado, la subdelegación del Gobierno en Alicante ha abierto diligencias por un presunto delito de coacciones contra los miembros del piquete que estuvieron a las puertas de la cochera, el martes por la mañana. Fuentes policiales explicaron ayer que las 12 ó 13 personas que integraban el piquete están "debidamente identificadas" y que se les imputa haber impedido que se prestaran los servicios mínimos.

Por otro, la Comisaría está investigando los actos vandálicos perpetrados a los autobuses, una labor que se está centrando en el colectivo de trabajadores de Tuasa, según indicaron las fuentes consultadas. Esta pesquisa se suma a la que está en curso por los desperfectos efectuados durante la anterior protesta.

Hay que recordar que el Consell había declarado unos servicios mínimos del 70%.