La corporación municipal de Ibi ha acordado penalizar a la empresa constructora del Teatro Río por el retraso en la finalización de las obras, exigiéndole 1,8 millones de euros. Durante la sesión plenaria también se aprobó la última certificación de los trabajos realizados, ya que el equipo de gobierno insistió, apoyándose en un informe del secretario municipal, en que para cobrar la citada cantidad antes tienen que liquidar la última factura.
El Teatro Río de Ibi volvió a ser motivo de debate en el pleno municipal que se celebró el lunes por la noche. En el tercer punto del orden del día se propuso la aprobación de la penalización por demora a la empresa adjudicataria de la construcción del edificio, así como la de la última certificación de las obras y, a petición de la oposición, se votaron las dos medidas por separado.
La aprobación de la última certificación del teatro se llevó a cabo por silencio administrativo, es decir, que al no contestar el Ayuntamiento el recurso que la empresa encargada de los trabajos emitió en su día se resuelve de forma favorable para ésta última.
Esta aprobación, además, conlleva el pago de la última factura y los correspondientes intereses de demora, cifras que, según fuentes del PSOE, "no aparecen en el informe y tampoco nos las han dicho". El grupo en la oposición critica que se haya hecho caso omiso a los dos informes del interventor y otro del secretario en el que se declara nulo de pleno derecho el pago de dicha factura y se detalla que "no hay ninguna consignación presupuestada ni una modificación de los presupuestos".
En cuanto a la penalización por la demora en la finalización de las obras, el PSOE ha manifestado que lleva "desde 2005 insistiendo en cada pleno que el Ayuntamiento reclame a la constructora los retrasos", así como ha criticado que durante mucho tiempo "el señor Agüera -edil de Hacienda- ha echado balones fuera, favoreciendo, con esa actitud, a la empresa".
Los socialistas han explicado que la propia constructora se "autoimpuso una penalización de 1.200 euros por día de retraso", el cual ha sido de más de 6 años. Sin embargo, en el documento presentado sólo se contempla una demora de 1.513 días, lo que supone un importe de más de 1,8 millones de euros, al descontarse ciertos periodos de tiempo en los que los trabajos estuvieron paralizados por motivos "que no están claros", aseguran.
Las críticas de la oposición, en este punto, se dirigieron a la "mala gestión del equipo de gobierno", ya que de haberse tramitado con anterioridad hubiese resultado más fácil cobrarlo y no ahora, que la empresa se encuentra en concurso de acreedores, según manifestaron. Desde EU, además, han hecho hincapié en que "lo sucedido se debe a una falta de diligencia en las actuaciones del equipo de gobierno".
La edil socialista Yolanda Venteo, no obstante, se cuestiona "¿por qué el PP no le exigió esa penalización cuando debió hacerlo?"; mientras que la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, recordó durante la sesión plenaria, y posteriormente a este diario, que era "imprescindible" la aprobación de la última certificación "si queremos imponer una penalización por demora" a la empresa constructora. Según la primera edil, que se ampara en el informe del secretario municipal, no se pueden exigir responsabilidades hasta que no se haya aprobado el pago de la última factura.
Toma de posesión
Antes de que empezase el pleno municipal en Ibi, Nuria Pina tomó posesión de su acta como concejal del grupo socialista, por lo que la sesión se celebró con la corporación completa. Cabe recorda que Pina entra a formar parte de ésta al haber renunciado a su cargo como portavoz del PSOE y como edil Antonio Martos.
