Los vecinos de la Finca Terol de Tibi han reclamado por escrito al Ayuntamiento que les devuelva los 1,6 millones de euros que invirtieron para costear los gastos derivados de la redacción del proyecto de urbanización y los correspondientes intereses. La polémica vuelve a surgir porque el colectivo está convencido de que "no se está cumpliendo el acuerdo", motivo que les ha llevado, ya que tampoco han recibido respuesta a dicho documento, a tomar la decisión de tramitar en unos días la pertinente denuncia.

Los propietarios de las viviendas de la Finca Terol, una extensa urbanización situada en el término municipal de Tibi y que cuenta con 1.100 parcelas, de las que 800 están construidas, han decidido emprender medidas legales contra el Ayuntamiento cansados de que no se cumpla el acuerdo al que llegaron en su día de urbanizar la zona.

Cabe recordar que se trata de un área en la que, a pesar de que hay viviendas habitadas, se carece de servicios básicos como asfaltado, alumbrado y, en muchos casos, de alcantarillado y agua; un problema que vienen padeciendo los vecinos desde 1976, año en que empezó a desarrollarse la urbanización.

En busca de una solución, los propietarios de las casas firmaron un convenio con el consistorio hace cinco años -encontrándose al frente del mismo el socialista Jesús Ferrara- con el objetivo de urbanizar la zona por gestión directa.

Para ello, según explicó en su día el presidente de la urbanización, Jorge Juan Valdés, entre todos los vecinos reunieron más de 1,6 millones de euros para pagar los gastos de redacción del proyecto, en concreto, unos 3.000 euros por propietario.

No obstante, el documento no ha llegado a ser aprobado por el Ayuntamiento, tal y como informó este diario el pasado mes de agosto, cuando Valdés destacó que "sólo falta contestar las alegaciones y que el consistorio le dé el visto bueno, pero no nos dan plazos para ello y la gente empieza a estar desesperada de tanto retraso".

Tras estas declaraciones por parte del presidente de la urbanización el nuevo equipo de gobierno -PP y AIDU- y la comunidad de vecinos se han reunido en dos ocasiones, una en septiembre y otra en octubre. Durante el último encuentro, según Valdés, el Ayuntamiento "se comprometió a continuar con el acuerdo" y a llevar a cabo el proyecto, pero después de dos meses "no han vuelto a informarnos".

La indignación de los afectados les ha llevado a presentar un escrito en el consistorio en el que reclaman que se les devuelva el dinero que han invertido en la redacción del proyecto y los intereses correspondientes, así como la totalidad de los gastos adicionales que la comunidad de vecinos ha sufragado, al entender que la administración municipal está incumpliendo el acuerdo aprobado en la sesión plenaria del 9 de agosto de 2007.

A todo esto hay que añadir que el plazo que tenía el equipo de gobierno para contestar al escrito, tal y como ha asegurado el presidente de la comunidad, "ya ha finalizado". Sin embargo, van a esperar algunos días más antes de tramitar la correspondiente denuncia.

Valdés también ha hecho hincapié en que "no sólo vamos a pedir responsabilidades nosotros, sino que el equipo redactor del proyecto de la urbanización ha presentado otro escrito".